En medio del escándalo desatado por los audios revelados por Ciper, donde se plantean pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, insiste en la urgencia de aprobar la ley de inteligencia económica.
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Llamado a la acción: Facultades pendientes y necesidad de agilizar iniciativas
«Hay facultades que todavía nos están faltando», señala el ministro Mario Marcel.
En declaraciones a radio Concierto, el titular de la cartera fiscal destaca la importancia de acelerar la discusión de la ley de inteligencia económica, la cual se encuentra en el Congreso desde mayo y con carácter de urgencia desde julio. Marcel plantea que el caso de los audios revelados por Ciper evidencia la necesidad de contar con herramientas más eficaces para enfrentar situaciones similares en el futuro.
Propuesta de Fortalecimiento del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
El ministro Marcel hace referencia también a la propuesta sobre el fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias, destacando la importancia de agilizar su discusión en el contexto actual. Se espera que estas iniciativas contribuyan a reforzar la transparencia y prevenir irregularidades en el ámbito económico.
Detalles de la propuesta: Levantamiento del secreto bancario y unidades especializadas
«Hoy día el levantamiento del secreto bancario en Chile es muy restringido», afirma Marcel.
El proyecto de ley contempla la flexibilización del levantamiento del secreto bancario en casos de investigaciones vinculadas a conductas ilegales o movimientos de dinero relacionados con delitos. Además, se destaca la creación de unidades especializadas en impuestos internos y en el servicio nacional de aduanas para colaborar con la Unidad de Análisis Financiero.
Sector público y legislación vigente
«El sector público tiene su propia legislación», sostiene el ministro Marcel.
En relación con la inclusión del sector público en estas iniciativas, Marcel señala que este cuenta con su propio marco normativo y mecanismos estrictos de sanción contra conductas corruptas. Destaca la prontitud con la que se movió la maquinaria de investigación en el caso del sector público ante las recientes revelaciones.
