El Presidente Gabriel Boric anunció este martes la presentación de un proyecto de ley que busca establecer el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Este proyecto, considerado fundamental en la agenda de seguridad del Gobierno, tiene como objetivo mejorar la asistencia legal y el apoyo a las víctimas en diversos ámbitos.
Reforma estructural
En la presentación, también participaron los ministros de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero. Este último detalló que la propuesta apunta a «establecer un servicio público descentralizado sometido a la supervigilancia del Ministerio de Justicia estructurado sobre la base de 16 direcciones regionales». Cordero destacó que este modelo supera en cierto sentido el actual basado en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
Tres ejes centrales del proyecto
El proyecto se enfoca en tres ejes principales para mejorar la atención a las víctimas:
Lo más Trend
- Asesoría Jurídica Especializada: Se busca brindar asesoría jurídica general y especializada en áreas como la niñez, adultos mayores, defensoría laboral y derechos humanos.
- Resolución Colaborativa de Conflictos: Se propone establecer un sistema que incluya la mediación para resolver conflictos, extendiendo una experiencia exitosa en el ámbito familiar a otros sectores y al mismo tiempo descongestionar el sistema judicial.
- Atención Integral a Víctimas: Se establecerá un mecanismo integral de atención para víctimas de delitos violentos, abordando aspectos legales, psicosociales y de información continua.
Importancia de la atención a víctimas
Luis Cordero enfatizó que las víctimas requieren más que simplemente la intervención penal del Estado. Destacó la necesidad de atención psicosocial oportuna y adecuada, así como información actualizada y continua. Este enfoque integral busca acompañar a las víctimas en todas las fases del proceso, brindando el apoyo necesario para enfrentar las tragedias.
Pasos a seguir
Para concretar la creación de este nuevo Servicio, el Ejecutivo presentará una indicación sustitutiva al proyecto de ley actualmente en trámite en el Congreso, el cual fue impulsado durante la administración anterior en 2021. Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno con la mejora del acceso a la justicia y el apoyo a las víctimas en situaciones difíciles.
