La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve revelan que Venezuela rechaza vuelo de expulsados.
En una sorprendente declaración, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció hoy que el vuelo programado para llegar hoy y partir mañana, destinado a trasladar a un grupo de expulsados a Venezuela, no ha sido autorizado por las autoridades de ese país.
Venezuela deniega permiso de salida
Tohá y Monsalve detallan la negativa venezolana
La ministra Tohá destacó que las autoridades aeronáuticas venezolanas no dieron luz verde para la salida de este vuelo. En una conversación con 24 Horas, el subsecretario Manuel Monsalve complementó la información, explicando que «ese avión tiene que ingresar al espacio aéreo venezolano y sin la autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela eso no es posible hacer».
Protocolo de Expulsión: Todo en Vano
Monsalve informó que se había seguido el protocolo de expulsión, que involucra la identificación, detención y contratación de la aeronave. «Una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra», lamentó el subsecretario.
Tratativas con Venezuela
Gobierno busca acuerdos para facilitar procesos
Este incidente se produce en medio de las negociaciones entre el Gobierno chileno y Venezuela para mejorar las coordinaciones y concretar las expulsiones. Se espera que Monsalve viaje a Caracas para afinar algún acuerdo que facilite estos procesos.
Futuro incierto de expulsados
Detalles sobre la aeronave y destino de los expulsados
Según información recabada por Emol, la aeronave en cuestión era un charter privado. Para estos vuelos, se requiere una «autorización de apertura del espacio aéreo» de la autoridad pertinente, en este caso, la INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) venezolana. Ante la falta de respuesta oportuna, se decidió aplazar el vuelo que buscaba trasladar a aproximadamente 60 expulsados fuera del país.
Liberación de Pasajeros: Ley y Plazos Establecidos
Respecto al futuro de los expulsados, Monsalve explicó que la ley faculta a la Policía de Investigaciones a mantener detenidas a estas personas por un máximo de cinco días. Si en ese período no se ejecuta la expulsión, la ley obliga a liberar a los detenidos.
