Amenazas a Ministro Cordero y Director de Gendarmería: Gobierno anuncia acciones legales

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En una escalada de violencia, desconocidos lanzaron panfletos en tres cárceles de la Región Metropolitana, apuntando a figuras clave del sistema penitenciario.

Situación Alarmante: Panfletos amenazantes generan inquietud en unidades penales

La jornada se vio marcada por la aparición de panfletos intimidatorios en el frontis de tres unidades penales de la Región Metropolitana. Estos panfletos, dirigidos al ministro de Justicia, Luis Cordero, al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y a la alcaide del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, Fabiola Valladares, levantaron preocupación e inquietud en la comunidad penitenciaria.

Reacciones y Compromiso Institucional: Gendarmería denuncia y promete acciones legales

La institución de Gendarmería no tardó en reaccionar, denunciando el episodio ante el Ministerio Público. Además, anunciaron la presentación de una querella contra los responsables de estas amenazas. La respuesta institucional busca mantener el compromiso con la seguridad pública, enfocándose en el control de los establecimientos penales y el combate contra el crimen organizado.

Posición del Subsecretario: «Utilizaremos todas las herramientas legales»

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció en un punto de prensa, calificando los hechos como inaceptables y graves. «Vamos a utilizar todas las herramientas que permite la ley para perseguir a los responsables», afirmó. Además, destacó la intolerancia a las amenazas a la autoridad y aseguró que no permitirán que afecten las funciones del sistema penitenciario.

Compromiso con la Seguridad y Derechos Humanos: Gendarmería enfatiza su labor

Desde la institución penitenciaria, reiteraron su compromiso con la seguridad pública, destacando el control de los establecimientos penales y la lucha contra el crimen organizado. «Mantenemos un apego irrestricto a los derechos humanos de las personas bajo nuestra custodia», subrayaron. Esta declaración busca tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad y el respeto a los derechos fundamentales.

Ante el panorama, las autoridades competentes expresan su determinación en la persecución y sanción de los responsables. La comunidad espera respuestas concretas y medidas eficaces para asegurar la integridad y funcionamiento adecuado del sistema penitenciario.

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