Errores en la justificación, desorden administrativo y mal uso de recursos. Esos son algunos de los argumentos que se esgrimen al interior de Convergencia Social (CS), partido del Presidente Gabriel Boric, para explicar qué fue de los $43 millones que figuraban como gastos pendientes de reconocer en los estados financieros correspondientes al periodo 2021, que finalmente debieron ser restituidos por el partido el 19 de junio de 2023.
Ante la imposibilidad de justificar los gastos, el Servel entregó tres opciones para resolver la controversia: que el partido derivara los antecedentes al Ministerio Público, que el propio organismo electoral lo hiciera o bien que CS repusiera el dinero. Fue esta última decisión la que finalmente adoptó la colectividad.
La indagatoria se extendió entre junio y diciembre de 2023, y arrojó que –según detallan desde la colectividad que ahora formará parte del partido Frente Amplio– “producto de una administración deficiente no se justificaron de manera correcta ante el Servel todos los gastos realizados, pero en ningún caso estos fondos fueron utilizados para actividades distintas a las que son propias del partido”.
En enero de 2024, se sancionó con la suspensión de su militancia y derechos políticos a tres miembros del partido, que pertenecían a la administración de Arellano y cuyas funciones guardaban relación con la administración de los recursos fiscales.
