La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez, ha solicitado al Gobierno de Chile que modifique la normativa actual sobre la longitud máxima de los camiones que circulan en el país. Esta petición surge después de que Argentina prohibiera el ingreso de camiones chilenos a su territorio por exceder la longitud máxima permitida por la norma, que es de 18,6 metros en ambos países. La CNTC busca que en Chile se amplíe el límite de longitud de los camiones a 20,5 metros.
Nuevo problema surgido por una petición de Argentina
En un comunicado, la CNTC explicó que el problema comenzó cuando Argentina solicitó a Chile aumentar el peso máximo permitido de carga, que en Chile es de 45 toneladas, mientras que en Argentina se permiten 48 toneladas. Ante la negativa de Chile de aceptar esta petición debido al deterioro que provoca el sobrepeso de la carga en las rutas y puentes, Argentina tomó represalias controlando el tamaño de los camiones nacionales, según el gremio.
La norma actual está obsoleta
La CNTC argumenta que la norma actual sobre la longitud máxima de los camiones está obsoleta, ya que permite un máximo de 18,6 metros para camiones con semirremolque, lo cual no se ajusta a la realidad actual, dado que la mayoría de estos camiones superan esa dimensión.
La propuesta de la CNTC
Ante esta situación, la CNTC ha decidido solicitar al Gobierno chileno que modifique la norma actual, ampliando el límite máximo de longitud de los camiones a 20,5 metros. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, considera que primero es necesario cambiar la normativa local y luego pedir a Argentina que la homologue. Además, se espera que haya una reunión entre representantes de ambos países el 3 de julio en Buenos Aires.
- Será necesario cambiar la normativa local y luego pedir la homologación a Argentina
- Representantes de ambos países se reunirán el 3 de julio en Buenos Aires
- Pérez destaca la importancia de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad en el país
Pérez también enfatizó que el abastecimiento de productos de primera necesidad no puede depender de la voluntad discrecional de las autoridades argentinas, por lo que es necesario buscar una solución de fondo que incluya actualizar la normativa obsoleta y establecer medidas sostenibles a largo plazo.