La Corte de Apelaciones de Concepción ha aceptado el recurso de protección presentado por la Dirección Regional de Gendarmería en favor de Héctor Llaitul Carrillanca, quien se encuentra en huelga de hambre líquida desde hace 22 días en el Complejo Penitenciario Biobío. La Sexta Sala del tribunal de alzada ha autorizado a la institución penitenciaria a llevar al recluso al centro de salud más cercano en caso de complicaciones, con el objetivo de garantizar su integridad física y psíquica, así como su derecho fundamental a la vida.
«Es obligación de Gendarmería proporcionar atención médica y alimentación adecuadas»
El fallo de la Corte de Apelaciones destaca que, según la ley y el reglamento de Gendarmería, es responsabilidad de la institución garantizar el cuidado y la atención de las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios. Además, deben proporcionar atención médica y alimentación acorde a la condición humana, velando por los derechos constitucionales de los internos, especialmente su salud y vida. El fallo también confirma que Héctor Llaitul Carrillanca está en huelga de hambre líquida, lo que vulnera sus garantías constitucionales y perturba las obligaciones de cuidado y asistencia de Gendarmería.
«Se acoge recurso de protección para salvaguardar la vida y la integridad física»
La resolución de la Corte de Apelaciones destaca que se deben adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Héctor Llaitul Carrillanca. El bien jurídico protegido en este caso es fundamental, por lo que se debe restablecer el orden natural de las cosas.
«En caso de hospitalización, se debe priorizar un centro hospitalario intercultural»
En caso de que sea necesaria una hospitalización, la resolución indica que se debe priorizar un centro hospitalario intercultural para brindar atención médica completa y respetuosa con la dignidad del interno. Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), inició la huelga de hambre en protesta por la nulidad del juicio que lo condenó a 23 años de prisión por delitos como usurpación, hurto, atentado contra la autoridad y contra el orden público.