Cerca de 28 mil expulsiones pendientes son las que registra el Servicio Nacional de Migraciones actualmente. La cifra se ha ido acumulando por cerca de una década, con procesos que no se han podido materializar. Las razones son variadas.
Problemas presupuestarios obstaculizan las expulsiones
Una de las dificultades para concretar las expulsiones, según el propio director del servicio, Luis Thayer, es la falta de presupuesto. En una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Thayer aseguró que en el año 2024 hay un presupuesto aprobado de $3.500 millones para expulsar a dos mil personas. Este monto puede ser aumentado al doble de ser necesario. Sin embargo, el costo de las expulsiones es elevado, ya que se requiere comprar al menos cinco pasajes, lo que tiene un costo aproximado de $3.500.000 por cada expulsión.
Las cifras de expulsiones: Venezuela y Colombia lideran el listado
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Migraciones, desde 2018 hasta el 1 de julio de 2024, se han materializado 9.258 expulsiones administrativas y judiciales. Sin embargo, estas últimas han ido disminuyendo constantemente en el tiempo. Durante los dos primeros años del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera se realizaron 3.405 expulsiones judiciales, mientras que en el mismo periodo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, esa cifra apenas alcanzó la mitad, situándose en 1.648 salidas.
- Expulsiones administrativas en 2024: 303
- Expulsiones judiciales en 2024: 271
La baja en las expulsiones se explica, en parte, por la normativa actual de la Ley de Migraciones, que impide expulsar judicialmente a personas condenadas por delitos asociados al tráfico de drogas.
La compleja búsqueda policial
Otro de los obstáculos para materializar las expulsiones es la compleja labor que tienen los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para ubicar a las personas con orden de expulsión vigente. Los detectives no pueden ingresar a los domicilios para detener a los imputados, por lo que deben esperar afuera a que la persona salga y luego aplicar el procedimiento en la calle. Para agilizar el proceso, el Servicio Nacional de Migraciones ingresó una indicación que permitiría a la PDI, con autorización previa, ingresar a los domicilios. Sin embargo, se reconoce la necesidad de incrementar las capacidades de las policías y la falta de dotación suficiente en la PDI para abordar las expulsiones dictadas.