Exhumación del conscripto Franco Vargas se realizará el próximo jueves

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La Fiscalía Regional de Arica confirmó que la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas se realizará el próximo jueves 25 de julio, con el fin de realizar una segunda autopsia de acuerdo al Protocolo de Minnesota, es decir, cuando hay participación de un Estado en la muerte de una persona.

Preparativos para la exhumación

El fiscal regional, Mario Carrera, quien está a cargo del caso Putre, señaló que «lo haremos la próxima semana, está agendado para el día jueves durante la mañana». También explicó que la nueva autopsia a los restos de Vargas se realizará durante la misma jornada o el viernes 26 de julio, de acuerdo con la disponibilidad de los peritos.

Motivos de la exhumación

«Buscamos dos cosas: por una parte, complementar la autopsia que ya se realizó el 27 de abril pasado, por algunas dudas que mantenían los peritos al momento de analizar dicho documento y, en segundo lugar, para analizar desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota», añadió Carrera.

Solicitud y autorización

El 11 de julio pasado, a solicitud de la fiscalía regional, el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, fallecido el 27 de abril pasado en una marcha de instrucción en Putre, para una nueva autopsia. La madre del joven conscripto también autorizó la diligencia y esta deberá realizarse bajo el Protocolo de Minnesota.

Objetivo de la exhumación

Esta diligencia busca determinar qué pasó antes de que el joven conscripto falleciera y si hubo o no apremios ilegítimos que pudiesen haber incidido en su muerte. Hasta ahora, según los antecedentes reunidos por la fiscalía, se sabe que la víctima ingresó de urgencia al Cesfam Rural de Putre, sin signos vitales, constatando su fallecimiento a las 7:12 horas. Además, se practicó una autopsia que no se realizó conforme al Protocolo de Minnesota.

Conclusiones preliminares

Con base en los antecedentes reunidos, se determinó que la autopsia realizada no cumplió con el Protocolo de Minnesota, lo cual es lo que correspondía según el Ministerio Público, la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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