«Fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.» Estos son los delitos que complican al alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos (UDI), en su búsqueda de un tercer periodo al mando de la comuna. Las pruebas en su contra son contundentes, con funcionarios fantasmas, depósitos de funcionarios municipales y transacciones sospechosas que podrían constituir graves delitos de corrupción.
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El partido UDI parece no dar importancia a las evidencias en contra de Araya. El diputado Leonardo Soto (PS) cuestionó la decisión de mantenerlo como candidato, pese a las pruebas en su contra. Soto señaló: «Es de la máxima gravedad que la UDI presente un candidato a alcalde en Buin que aparece formalizado por varios delitos de corrupción.»
Los cuestionamientos a la gestión de Araya comenzaron en 2017, cuando se denunció la presencia de un funcionario fantasma en la municipalidad. Esto llevó a una investigación que reveló depósitos de funcionarios municipales en las cuentas personales del alcalde. El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella por fraude al Fisco, sumando los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público solicitó una audiencia de reformalización contra Araya por estos nuevos delitos. Sin embargo, se decidió iniciar una nueva causa para indagar los ilícitos que aparecieron al levantar las cuentas personales de Araya. En una audiencia de cierre de la investigación, se habría llegado a un acuerdo entre la defensa de Araya y el Ministerio Público para una suspensión condicional del procedimiento.
El abogado de Araya afirma que el alcalde no ha desviado dinero de las arcas municipales para enriquecerse. Se han presentado seis carpetas que responden a cada imputación en su contra. El acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público está relacionado con cuestiones procesales.
