La Corte Suprema revocó una sentencia dictada por la Corte de Concepción que había acogido un recurso de protección presentado por una estudiante contra la Universidad de Concepción. La casa de estudios condicionó la entrega de un certificado de título y diploma de magíster al pago de aranceles adeudados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que esta retención de documentos por deudas era una medida legal y arbitraria.
La postura de la universidad
La universidad argumentó que existía un contrato en el cual cumplió con su parte al brindar los servicios educativos, a diferencia de la estudiante que no cumplió con su promesa de pago. Sin embargo, según el tribunal de alzada, esta postura de la institución vulnera los derechos constitucionales del afectado, incluyendo el derecho a la educación y la igualdad ante la ley. (El Diario Constitucional)
La decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema falló a favor de la Universidad de Concepción, determinando que la institución tiene la facultad legal para establecer condiciones para la titulación, como el pago de aranceles pendientes. Según el fallo, la exigencia de saldar estas deudas no constituye una vulneración de los derechos fundamentales. La Corte Suprema consideró que no estaban presentes pruebas fehacientes de que la estudiante había cumplido con todas las condiciones necesarias para obtener su título y que los argumentos presentados por los interesados conducían al rechazo del recurso. (El Diario Constitucional)
Conclusión
La Corte Suprema ha revocado una sentencia de la Corte de Concepción que había acogido un recurso de protección presentado por una estudiante contra la Universidad de Concepción. La corte más alta determinó que la universidad tenía el derecho legal de establecer condiciones para la titulación, incluyendo el pago de aranceles adeudados. Esta decisión pone en relieve la importancia de cumplir con las obligaciones financieras antes de recibir un título universitario.
