Este miércoles se detuvo por el delito de amenazas al comunero mapuche argentino Facundo Jones Huala, a pocos días de haber recuperado su libertad tras un fallo de la Corte Suprema y que derivó en una orden de expulsión desde el Gobierno.
Se le acusa de amenazar a un médico extranjero
De acuerdo a información policial, Jones habría amenazado a un médico extranjero del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía, lugar en donde permanecía internado a consecuencia de una huelga de hambre seca que mantuvo en protesta por su reclusión.
Cabe recordar que en 2018, la justicia chilena lo declaró culpable por tenencia de armas de fuego e incendiar la casa del cuidador de una estancia en la región de Los Ríos, hechos cometidos en 2013. Por ello, fue condenado a nueve años de prisión, aunque luego se le redujo la pena a solo seis años.
«Es una causa judicial que se activó a propósito de una denuncia que hizo un médico del Hospital de Nueva Imperial y eso derivó en que se procediera a la detención por parte de Carabineros», explicó el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva Feuerhake.
Según la información policial, los hechos se registraron al mediodía de este miércoles, mientras el profesional se desempeñaba en uno de los módulos en que se mantienen privados de libertad personas pertenecientes a pueblos originarios.
«Sin motivos intentó agredirme. Levantando sus manos sin lograr su objetivo debido a que me encontraba detrás del mesón, comenzando a insultarme, manifestándome textualmente: ‘venezolano, vete de mi país, estás en contra de mi raza, te salvaste de que todavía estoy acá, no sabes lo que te va a pasar cuando esté afuera, no me importa que llames a Carabineros'», denunció el médico, según consignó La Tercera.
Por disposición del Ministerio Público, Facundo Jones Huala fue detenido por el delito de amenazas no condicionales. El delegado presidencial indicó que pasará a control de detención este jueves, en el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial.
Libera y orden de expulsión
Acogiendo un recurso de amparo de su defensa, el 16 de agosto, la Corte Suprema ordenó su libertad, considerando que había completado su condena. El máximo tribunal estimó que debió haber sido liberado el 14 de junio. Gendarmería, en tanto, consideraba que debía estar preso hasta junio de 2025.
Conocida la decisión de la Suprema, el gobierno emitió una orden de expulsión contra el activista sindicado como líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La Policía de Investigaciones (PDI) lo notificó esa misma jornada en el centro asistencial.
