El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) destituyó a Krist Naranjo Peñaloza del cargo de Gobernadora Regional de Coquimbo por faltas graves a la probidad y notable abandono de deberes. Ahora quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.
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El fallo del Tricel
Cabe recordar que en marzo de 2023, los 16 consejeros regionales presentaron ante el Tricel un requerimiento de destitución por seis cargos que buscaban ratificar ambos incumplimientos administrativos. A casi un año y medio de la acusación, el tribunal determinó que la conductora de Naranjo “ha sido reprochable, privilegiando intereses personales sobre los generales”, se indicó en el fallo.
Motivos para la destitución
Según expuso el organismo este viernes, la resolución se tomó considerando los siguientes cargos:
– Uso indebido de vehículo fiscal.
– Realizar viajes internacionales faltando programa, agenda o invitación, sin presentar informes y con cambios de vuelos.
– Maltrato a funcionarios y pago por desvinculaciones.
– Incumplimiento de obligaciones como Gobernadora Regional en la ejecución presupuestaria y acuerdos del Consejo Regional.
– No atender al buen funcionamiento del Comité Regional para el Cambio Climático.
Mal uso del vehículo fiscal y viajes internacionales
En cuanto al uso indebido del vehículo fiscal, el Tribunal acreditó que la Gobernadora lo usó para fines personales, como pedir al chofer que le fuera a comprar remedios durante su licencia médica. Además, se ha constatado que utilizó el vehículo para trasladarse a supermercados, citas médicas, tiendas de mall e incluso para llevar a su hijo a la universidad.
Respecto a los viajes internacionales, se ha verificado que Naranjo visitó México, Argentina y Egipto sin proporcionar los antecedentes del proyecto, objetivos, financiamiento, agenda desarrollada e informes respectivos. También se han registrado cambios o alteraciones reiteradas de pasajes, lo que ha implicado la pérdida de recursos para la Gobernación Regional.
En relación con el maltrato a funcionarios, se ha acreditado que la autoridad ejerció un trato vejatorio hacia el conductor asignado al vehículo fiscal después de que este denunciara el mal uso del automóvil. Además, se ha establecido la existencia de desvinculaciones injustificadas y el pago de indemnizaciones por más de 37 millones de pesos.
