Una extensa fiscalización de Contraloría reveló graves irregularidades en los convenios firmados por la Fundación Daya con 13 municipios del país para implementar el “Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”.
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Irregularidades en la autorización del laboratorio
Según el informe de fiscalización, la Fundación Daya recibió millonarios recursos, pero solo accedió a una autorización provisional del ISP en 2018 para crear dosis de cannabis, las cuales no alcanzaron para cubrir la demanda de los municipios.
En octubre de 2023, el diputado Juan Irarrázabal ya había denunciado eventuales irregularidades de la Fundación, acusando que los recursos se destinaron a gastos personales de la diputada Gazmuri. Sin embargo, esto fue descartado por la actriz.
Falta de cumplimiento de los contratos
Contraloría constató que nueve de trece municipalidades no recibieron el tratamiento acordado y sólo dos obtuvieron una parte de las dosis. Además, las municipalidades no hicieron valer el cumplimiento de los contratos ni iniciaron acciones legales para recuperar el dinero destinado al programa.
Más de la mitad de la cosecha se perdió
La mala gestión del programa provocó que el 76,9% de la cosecha de cannabis se perdiera, lo que tuvo un costo de más de $400 millones. Además, se descubrieron irregularidades en las rendiciones de cuentas de las municipalidades, donde no se exigieron comprobantes adecuados ni se ajustaron a los objetivos del proyecto.
