El próximo martes 15 será un día relevante para definir el futuro político del gobernador de Ñuble -y candidato a la reelección- Óscar Crisóstomo. Para esa fecha está agendado que la Corte de Apelaciones de Chillán comunique su decisión respecto del desafuero solicitado por la Fiscalía.
El delito que busca imputar el Ministerio Público a Crisóstomo
El delito que busca imputar el Ministerio Público a Crisóstomo es el de “cohecho entre particulares”, ilícito frente al que existirían pruebas producto de la investigación surgida a partir de una querella del año 2021.
La defensa del Gobernador
La defensa del Gobernador, encabezada por el abogado Enrique Aldunate, se mantiene tranquila frente a la decisión que tomará la Corte de Apelaciones, y tildan de “sin fundamentos” la postura de la Fiscalía.
“Cohecho entre particulares”
Los hechos por los cuales el Ministerio Público busca desaforar a Óscar Crisóstomo ocurrieron luego de que este dejara su cargo como delegado del Serviu en Ñuble y formara la empresa privada “Inmobiliaria Pullay”.
Antecedentes al Servel
Cuando la Corte de Apelaciones de Chillán se pronuncie respecto al desafuero, se marcará un hito importante para el caso. Si es que admite la solicitud, la Fiscalía va a pedir la formalización del -ahora- candidato a Gobernador. Mientras que si la rechaza, se deberá sobreseer a Crisóstomo en esta arista.
La denuncia anterior que fue archivada
Lo cierto es que en el 2021, el Servel ya había recibido una denuncia por supuesto fraude en los gastos de campaña del – recientemente electo – gobernador de Óscar Crisóstomo.
Procultura: la otra investigación
Contra la tranquilidad de Óscar Crisóstomo, el “Caso Pullay” no es la única indagatoria que el Ministerio Público lleva en su contra. A esto se suma también la investigación respecto a los distintos convenios públicos firmados por la fundación Procultura, causa que hoy está en manos de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
