El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se encuentra en plena campaña para reelegirse por un segundo período, a pesar de enfrentar diversas investigaciones y acusaciones en su contra. Entre ellas destacan cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público, dos informes lapidarios de Contraloría y una solicitud de destitución en el Tribunal Electoral.
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Investigaciones por trato directo
El alcalde está siendo investigado por tratos directos por más de $25 mil millones que la municipalidad pagó entre enero de 2021 y julio de 2023. Estos tratos no pasaron por una licitación como exige la ley, siendo el más polémico el suscrito con la empresa recolectora de basura, Demarco.
Polemica por trato directo con empresa recolectora de basura
De acuerdo a lo investigado por el equipo de «¿Hasta cuándo?», Demarco ha sido la encargada de la recolección y transporte de la basura en Antofagasta por más de una década. Sin embargo, el contrato vencía en 2022 y el alcalde no llamó a licitación, generando una crisis sanitaria para obligar al concejo a aprobar un trato directo para renovar la concesión por 11 meses.
«La gestión del alcalde colocó al concejo municipal entre la espada y la pared con una metralleta en el pecho. ‘Si no aprueban el trato el lunes, termina la recolección de basura en la ciudad y entramos a una emergencia sanitaria'», afirmó el abogado querellante Rolando Lorca.
Además, la Contraloría acusa al alcalde de no firmar un contrato con Demarco hasta 6 meses después de entrado en vigor el trato directo. Velásquez suscribió cuatro tratos directos con la compañía por $6 mil millones, sin una justificación clara. La falta de supervisión de los contratos generó multas por $500 millones, que no fueron pagadas por la empresa ni cobradas por el municipio.
Fondos para la realización de un festival veraniego
Otra situación que ha sido cuestionada es la transferencia de fondos cercanos a los $600 millones para la realización de un festival en febrero de 2023. El alcalde traspasó estos fondos a la Corporación Cultural de Antofagasta con la condición de contratar a una productora específica para organizar el evento.
Según investigaciones, la productora habría cometido varias faltas durante el festival, como problemas en el acceso al público, fallas de seguridad y escasez de baños. El municipio multó a la productora por cerca de $100 millones, pero en vez de exigir el dinero, acordó descontar ese monto de futuros eventos, violando la legalidad según la Contraloría.
Además, se objetó la rendición de cuentas de la Corporación por no especificar correctamente los pagos realizados. Estos y otros puntos son la base de un requerimiento de destitución presentado al Tribunal Electoral por notable abandono de funciones y faltas a la probidad en contra del alcalde Velásquez.
