La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la decisión de indemnizar con $25 millones a una víctima de torturas durante la dictadura en Chile, estableciendo un precedente sobre compensaciones por daño moral causado por el Estado.
Confirmación del fallo y monto de indemnización
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones ha dejado en firme la sentencia del 21° Juzgado Civil de Santiago, que obliga al Fisco a indemnizar con una suma significativa a una mujer afectada por las acciones violentas de la dictadura. La decisión fue tomada después de descartar cualquier posible error legal, asegurando que el monto concedido es justo y necesario para compensar el daño moral sufrido por la víctima.
Esta ratificación por parte de los tres ministros del tribunal de alzada se basa en el reconocimiento sin ambigüedades del daño inmenso e irreversible causado por el Estado chileno en esos años oscuros.
Ajuste del monto según el IPC y aplicación de intereses
De acuerdo con la resolución, el monto inicial de 25 millones de pesos será ajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el momento en que la sentencia quede firme hasta el completo pago de la indemnización.
La Corte también ha especificado que si el Estado incurre en mora, es decir, no efectúa el pago en los plazos estipulados, se generarán intereses corrientes, que son comúnmente aplicables a este tipo de operaciones financieras.
Este procedimiento no solo busca actualizar el valor del dinero a lo largo del tiempo, sino también imponer una carga adicional al Estado por el retraso en cumplir con su obligación, lo que subraya la importancia de responder de manera eficiente y justa a las violaciones de derechos humanos.
Importancia del fallo para futuras indemnizaciones
Este fallo no solo resuelve un caso de indemnización, sino que sienta un precedente importante en cómo el Estado maneja las compensaciones por daños morales en situaciones de violaciones a los derechos humanos. Asegura que las víctimas de actos ilícitos estatales no solo reciban una compensación simbólica, sino una suma que realmente refleje la gravedad del daño sufrido.
Al establecer claramente las normas sobre ajustes e intereses, la Corte también protege el valor económico de las indemnizaciones, asegurando que estas no se devalúen con el tiempo y que el Estado sea penalizado por cualquier dilación en su entrega.
