En un giro sorprendente que ha generado polémica y escándalo en Perú, un grupo de congresistas ha presentado una moción de censura contra Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, debido a serias irregularidades en un programa escolar de alimentos.
Escándalo Alimentario en Programa Escolar
La crisis se desató tras una investigación periodística que descubrió la entrega de alimentos caducados y en mal estado a través del programa Qali Warma, que busca fortalecer la nutrición infantil en el país. La empresa Frigoinca, contratada por el Ministerio, fue señalada por proveer productos no aptos para el consumo humano, incluyendo carne de caballo etiquetada como carne de res.
Este problema ha tocado a numerosas escuelas a nivel nacional, poniendo en riesgo la salud de miles de niños y niñas que dependen de estos programas para su alimentación diaria. Además, se reportaron casos donde se incluyó comida originalmente destinada a animales, como perros.
Lo más Trend
Voces y Reacciones en el Congreso
El congresista Carlos Zeballos, de Podemos Perú, ha sido uno de los más vocal en demandar la renuncia del ministro Demartini. Zeballos afirmó en una entrevista con RPP que «es el momento de que Demartini dé un paso al costado y se vaya a su casa», reflejando la indignación de varios sectores del parlamento.
La moción de censura presentada argumenta que ha habido una total dejación de funciones por parte del ministro en la supervisión y control del programa alimentario. Esto ha levantado serias dudas sobre la gestión y transparencia del ministerio encabezado por Demartini.
Impacto y Consecuencias
Este escándalo ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de contratación pública y ha generado un debate nacional sobre la necesidad de garantizar la seguridad y calidad de los programas de asistencia alimentaria. Además, ha salido a la luz una red de sobornos que facilitó la contratación de Frigoinca, complicando aún más la situación.
La crisis no solo ha afectado la credibilidad del ministerio, sino que también ha puesto en relieve la importancia de una supervisión efectiva en los programas que atienden a las poblaciones más vulnerables del país. Los procedimientos y la fiscalización se ven ahora sometidos a escrutinio público y demandas de reforma estructural.
