Inicios de la controversia en el condominio
La disputa comenzó cuando el condominio donde vive Guillermo Núñez adoptó una nueva normativa que prohibía la tenencia de mascotas en sus instalaciones. Esto fue reportado inicialmente por el diario LUN.
Desde la implementación de esta norma, los residentes que decidieron mantener a sus mascotas debían enfrentar multas mensuales significativas, inicialmente establecidas en $25 mil.
Escalada de sanciones y medidas extremas
Con el tiempo, las penalizaciones por incumplimiento de la normativa se intensificaron, alcanzando montos de entre 1 a 3 UTM por mes, equivalentes a unos $66 mil. La administración del edificio llegó incluso a amenazar con demandas judiciales para el desalojo de las mascotas no retiradas en un plazo de cuatro meses.
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Guillermo Núñez, enfrentando la rigidez de estas reglas, tomó medidas drásticas para ocultar la presencia de su perro Jumpy durante los paseos, llegando a esconderlo en bolsos durante salidas nocturnas para evitar ser detectado.
El alto costo de la resistencia y el giro judicial
El total de las multas pagadas por Núñez ascendió a $12 millones, un gasto considerable en su lucha por mantener a su «hijo» canino a su lado. Su compromiso demostró la profundidad de su relación con Jumpy, describe este evento como un alivio tras una batalla prolongada.
«Sacaba a Jumpy a pasear escondido en bolsos para que no lo vieran en portería, pero hacía tanto frío que se enfermó», relató Núñez.
Eventualmente, la Corte Suprema intervino, dictando una resolución que favorecía a los residentes afectados. A Núñez le fueron restituidos $3,6 millones, una fracción del total invertido, pero significativa para su situación económica actual.
Este fallo ha permitido que el edificio ahora acoja a numerosas mascotas, transformándose en un símbolo de victoria para los amantes de los animales dentro de la comunidad.
Implicaciones y futuro de las políticas de mascotas
Este caso destaca la necesidad de considerar la relación emocional entre las mascotas y sus dueños en la formulación de políticas residenciales, apuntando hacia un enfoque más integrador y respetuoso de los derechos de los animales y sus cuidadores.
La resolución de la Corte Suprema no solo redefine la normativa interna del condominio, sino que también establece un precedente para otros casos similares, potencialmente influenciando la regulación sobre mascotas en otros complejos residenciales a nivel nacional.
