Aprobación definitiva del Presupuesto 2025
El Congreso chileno ha dado su visto bueno al Presupuesto del año 2025 tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta por parte de la sala del Senado. Este presupuesto es significativo, pues es el último que se ejecutará íntegramente bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, marcando un hito en su administración y sienta las bases para el próximo gobierno.
Después de intensas negociaciones, se acordó un incremento del gasto público del 2%, junto con un ajuste en la reducción de gastos que finalmente se estableció en US$600 millones, modificando la propuesta inicial que preveía un recorte de US$500 millones.
Reasignaciones y Recortes Importantes
A pesar de las reducciones, el Gobierno logró reasignar fondos hacia iniciativas significativas como los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y programas de apoyo para niños y niñas trans. También se priorizó la inversión en salud, especialmente para reducir las listas de espera y mejorar la cobertura.
En el sector educativo, se proyectan cambios en el sistema de admisión escolar a partir de 2026, lo cual refleja un compromiso continuo con la reforma educativa.
“Es esencial adaptar nuestro sistema educativo a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad”, comentó una fuente gubernamental.
Fuente Gubernamental
Puntos de Controversia y Futuras Acciones
El presupuesto también incluye puntos controvertidos como el test de drogas obligatorio para el Presidente y sus ministros, y recortes en beneficios para ciertos sectores, como los adultos mayores. Estas decisiones han generado debates sobre las prioridades y la equidad de las políticas aplicadas.
- Reducción en el pago de contribuciones para beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal.
- Limitaciones a la gratuidad universitaria para estudiantes de secundaria sancionados por actos de violencia.
- Eliminación del financiamiento para terapias hormonales para jóvenes trans.
Ante estos aspectos, que podrían considerarse contrarios a algunas normativas constitucionales, el Gobierno ha anunciado que presentará apelaciones ante el Tribunal Constitucional buscando proteger los derechos y mantener la coherencia en la gestión de políticas públicas.
Con estas medidas, el gobierno de Chile busca no solo cumplir con sus responsabilidades fiscales, sino también asegurar el bienestar y progreso de sus ciudadanos en un contexto de desafíos globales y cambios sociales significativos.
