Decisión judicial separa causas de implicados en secuestro de Ronald Ojeda

Reciente decisión judicial separa causas de implicados en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, avanza la investigación.

Por Sergio Mendoza 17 Vistas
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Separación de las Investigaciones de los Imputados

En un reciente fallo, la justicia ha decidido separar las investigaciones de los imputados vinculados al caso de Ronald Ojeda, desplazando las causas a diferentes juzgados. Walter Rodríguez Pérez, uno de los implicados, ha visto su causa trasladada al 11° Juzgado de Garantía de Santiago. Se le relaciona con la banda “Los Piratas”, parte del Tren de Aragua, según lo informado por la Fiscalía.

Impacto en el Debido Proceso

Jeannette Cofré, abogada defensora de otro implicado, Maickel Villegas, criticó la decisión del tribunal por afectar el debido proceso legal de su cliente. Cofré ha anunciado su intención de presentar un recurso judicial para impugnar la resolución, cuestionando la perspectiva del Ministerio Público de tratar el secuestro de Ojeda como un delito común en lugar de uno político.

Denuncia Contra Exsubsecretario del Interior

Josmarghy Castillo, viuda de Ojeda, planea denunciar al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por colaborar alegadamente con el régimen de Nicolás Maduro para facilitar el crimen. Esto se relaciona con un acuerdo de colaboración policial firmado por Monsalve en Venezuela, que se centraba en la actualización de registros de prófugos y antecedentes penales. Castillo sostiene que Monsalve proporcionó información crítica que llevó al secuestro y asesinato de su esposo.

“La denuncia se basa en los antecedentes que Monsalve divulgó, lo que resultó en el trágico desenlace para Ronald,” explicó Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda.

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda

Actualmente, Manuel Monsalve se encuentra en prisión preventiva por un cargo no relacionado de violación, complicando aún más el panorama judicial en torno a esta compleja trama internacional y criminal.

  • Imputados separados en distintos juzgados para facilitar las investigaciones.
  • Críticas al tratamiento del caso como delito común.
  • Denuncias emergentes contra figuras políticas por supuesta colaboración en los crímenes.

A medida que avanza el caso, se destapa una serie de implicaciones políticas y legales que probablemente continúen generando controversia y debate público.

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