Situación detectada en hospitales regionales
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado que en cuatro hospitales regionales de Chile, específicamente en Osorno, Angol, Talca y Ovalle, se ha dado prioridad a funcionarios o sus familiares para intervenciones quirúrgicas.
Este fenómeno se registró tras un análisis de las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la Lista de Espera No GES, destacando intervenciones en tiempos de espera significativamente inferiores al promedio.
Casos particulares y evidencias de la auditoría
En el Hospital Base San José de Osorno, se detectó que el subdirector Médico intervino quirúrgicamente a su hermana, logrando un tiempo de espera de solo dos días, mientras el promedio es de 330 días para la misma patología.
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«La ventaja en el tiempo de espera no solo infringe normativas internas de los hospitales, sino que además, plantea un grave cuestionamiento ético.», afirmó un experto en políticas de salud pública.
Experto en políticas de salud pública
El Hospital de Angol presentó irregularidades con 359 cirugías a parientes o funcionarios en un año, y múltiples suspensiones quirúrgicas por causas atribuibles al hospital, como falta de insumos o equipamiento no operativo.
En Talca, se documentaron discrepancias significativas en el registro de la lista de espera, incluyendo números de identificación que no coinciden con los registros civiles.
Finalmente, el Hospital de Ovalle reveló que se llevaron a cabo intervenciones a funcionarios o familiares en fechas donde otras cirugías fueron suspendidas por problemas internos del hospital.
Impacto y repercusiones
Estos hallazgos no solo ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones implicadas, sino que además vulneran el derecho de todos los ciudadanos a un trato equitativo en el acceso a servicios de salud pública.
- Reevaluación de los protocolos y procesos en listas de espera.
- Medidas disciplinarias y correctivas en los hospitales involucrados.
- Mayor supervisión por parte de entidades gubernamentales para asegurar la equidad y transparencia.
La Contraloría ha instado a una revisión exhaustiva y adopción de medidas correctivas para mitigar esta problemática y garantizar un sistema de salud más justo y transparente.
