Contexto reciente y medidas implementadas
Ángel Valencia, fiscal nacional de Chile, ha presentado un conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad de la información en el contexto de investigaciones penales. Este movimiento responde a múltiples incidentes de filtraciones que han suscitado preocupación sobre la integridad del proceso penal en el país.
Desarrollo de nuevas políticas de seguridad de la información
El 16 de octubre de 2024, el Fiscal Nacional emitió una instrucción general mediante el Oficio FN Nº 983/2024, que especifica métodos más estrictos para el manejo y acceso a la información en casos complejos. Esta normativa incluye la regulación del otorgamiento de copias y el registro minucioso de datos personales de relevancia para las investigaciones.
- Justificación obligatoria para accesos a carpetas investigativas.
- Programación de vistas de carpetas en horarios específicos.
- Uso exclusivo de correos institucionales para solicitudes de acceso.
Mediante estas pautas, se busca garantizar la efectividad de las investigaciones y proteger los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.
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Investigaciones y tecnologías para prevenir accesos indebidos
Además de las medidas administrativas, se ha informado sobre el inicio de investigaciones penales y administrativas para identificar a los responsables de filtraciones pasadas. Se han asignado fiscales regionales para dirigir estos casos.
“Estas herramientas tecnológicas son vitales para controlar y proteger la integridad de la información en investigaciones,” explicó Valencia.
Fiscal Nacional Ángel Valencia
El Ministerio Público ha implementado sistemas de trazabilidad avanzados y software de protección en estaciones de trabajo, además de autenticación de doble factor para cuentas críticas y una nueva plataforma con acceso seguro VPN.
Comparación con estándares internacionales y propuestas futuras
En su comunicación, Valencia destacó cómo otros sistemas legales, como los de Estados Unidos e Inglaterra (Common Law), emplean restricciones rigurosas para proteger la información sensible en investigaciones activas. Inspirado en estas prácticas, propuso modificaciones legislativas que intensificarían la confidencialidad de las actuaciones investigativas en Chile.
- Modificación del artículo 260 del Código Procesal Penal para limitar la entrega de información sensible solo bajo autorización judicial.
- Establecimiento de sanciones penales para la divulgación no autorizada de datos de investigaciones.
- Definición clara de qué información puede ser compartida, protegiendo así la integridad de las investigaciones.
Estas propuestas buscan crear un marco legal más seguro y efectivo para el manejo de información en el sistema penal chileno.
