Detalles del caso de explotación sexual
La policía chilena ha procedido a la detención de Felipe Alberto Novoa Novoa, un tatuador acusado de abusar sexualmente de cinco personas, entre ellas cuatro adolescentes, en su domicilio situado en Chillán. Los delitos, que comenzaron en el año 2009, se realizaron aprovechando las circunstancias en que las víctimas se encontraban en su estudio, específicamente mientras estaban acostadas en una camilla.
Reacciones y declaraciones de la autoridad
La fiscal Zárate Rojas, encargada del caso, ha informado que los abusos fueron realizados en el entorno del domicilio del imputado y que algunos de estos actos tenían una alta gravedad y significación sexual. La investigación sigue abierta y se tremendamente compleja dada la naturaleza de los hechos y el número de las víctimas.
“Esta es una investigación compleja en que se identificaron cinco víctimas, y respecto a dos de ellas presuntamente hubo comisión reiterada de los abusos sexuales“, declaró el subprefecto Iván Velásquez Medina, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán.
Iván Velásquez Medina, Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán
Procedimientos y medidas cautelares
En un procedimiento reciente, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio de Novoa, donde incautaron varios dispositivos electrónicos que serán examinados por peritos del Laboratorio de Criminalística. De esta forma, se busca recabar más pruebas que sustenten las acusaciones presentadas contra el tatuador.
El tribunal competente ha decidido imponer prisión preventiva contra el tatuador, otorgando un plazo de cuatro meses para la investigación de la Fiscalía, que se realiza en colaboración con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).
- Entrada y registro del domicilio del acusado.
- Incautación de dispositivos electrónicos.
- Imposición de prisión preventiva.
- Plazo de cuatro meses para la investigación.
Este caso ha resaltado la importancia de investigar profundamente los delitos de índole sexual y la necesidad de proteger a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.