La asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios del Estado y sus familias se encuentran en la cuerda floja ante la falta de consenso en la negociación entre el Gobierno y las aseguradoras privadas. Esa falta de acuerdo podría terminar en una crisis sanitaria que pondría en serios aprietos a la ya maltrecha sanidad pública.
La negociación de la asistencia sanitaria de los funcionarios pone en peligro la estabilidad del sistema público
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) asegura la atención médica de más de 1,5 millones de funcionarios del Estado y sus familias. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras privadas ha dejado en suspenso la continuidad de este servicio, lo que podría desencadenar una crisis en el sistema sanitario público, que ya enfrenta numerosos problemas.
Muface: El acuerdo crucial para los funcionarios y el sistema público de salud
Muface nació en 1975 como una entidad autónoma dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su función principal es garantizar la atención médica de los funcionarios públicos y sus familias, a través de un concierto con diversas mutuas de asistencia médica privada. Este concierto se renueva cada dos años mediante un acuerdo entre el Gobierno y las mutuas, que se comprometen a proporcionar atención médica a cambio de una cuota anual.
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Es importante destacar que cada año, los funcionarios tienen la opción de elegir entre recibir atención de la sanidad pública o de las mutuas privadas. Según datos de Muface, en 2023 el 65,06% de los afiliados optó por la asistencia concertada, mientras que el 34,94% restante eligió la sanidad pública. Esto significa que más de un millón de funcionarios no reciben atención directamente de la sanidad pública, sino de las mutuas privadas a las que están afiliados.
De acuerdo con un informe de la Fundación IDIS, el coste anual por usuario del sistema de salud pública es de aproximadamente 1.675 euros, mientras que en Muface es de 1.020 euros per cápita. Esto se traduce en un ahorro del 39,1% en gasto de atención médica para el sistema público.
El estancamiento en las negociaciones podría acabar con el sistema de Muface
En la última licitación para el acuerdo de Muface, ninguna de las aseguradoras privadas presentó sus propuestas debido a las pérdidas económicas que estaban sufriendo. Solicitaban incrementar las primas de cobertura en un 40% para compensar estas pérdidas, lo que las aseguradoras consideraban insostenible. Ante esta situación, el concurso quedó desierto a la espera de una negociación para establecer nuevas condiciones.
Actualmente, el Gobierno y las aseguradoras tienen hasta el 1 de enero de 2025 para llegar a un acuerdo que sirva como base para la licitación de los próximos dos años. De no llegar a un acuerdo, se baraja la posibilidad de una prórroga de nueve meses en las mismas condiciones. Sin embargo, esta opción implicaría el fin de Muface y la incorporación de 1,5 millones de funcionarios al sistema de sanidad pública, lo que supondría una presión adicional para un sistema que ya enfrenta un déficit de 4.500 facultativos.
Preocupación y movilizaciones por parte de los funcionarios
El sindicato CSIF ha denunciado que las aseguradoras ya han comenzado a retrasar, anular o suspender citas médicas en Muface mientras esperan un acuerdo. El sindicato ha afirmado que no permitirá que se ponga en peligro la atención médica de los funcionarios y ha amenazado con movilizaciones si la situación persiste.
Entre las alternativas que se están planteando se encuentra el copago, donde los usuarios de Muface tendrían que abonar una parte del costo adicional. Sin embargo, muchos funcionarios se oponen a esta opción y se niegan a aceptar el fin de Muface y la pérdida de su atención médica privada.
