Denuncian al Arzobispado de Santiago por maltrato laboral y discriminación

Por Cristian Recabarren 2 Vistas Léelo en 3 Minutos

Se presentó la primera denuncia bajo la Ley Karin (Ley N.° 21.643) contra el Arzobispado de Santiago. Una extrabajadora, quien prestó servicios entre abril y agosto de este año, interpuso la acción legal en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo.

La mujer participó en el proceso de selección laboral de la Iglesia de Santiago desde el 8 de febrero de este año, postulando al cargo de community manager e integrándose al equipo de comunicaciones del arzobispo Fernando Chomalí. Inició sus labores el 3 de abril con un contrato fijo de tres meses, con una posterior extensión de un mes pese a la presunta promesa de contrato indefinido.

Según la demanda, un nuevo periodista habría realizado acciones despectivas en su contra con el objetivo de desvalorizarla. Debido a esta situación, solicitó una reunión con el jefe de equipo. La denunciante asegura que el comunicador intentó excluirla en al menos tres ocasiones.

La presunta víctima también afirmó que el maltrato persistió hasta su salida, intensificándose con la llegada de otra periodista. Ambos profesionales supuestamente la excluían de reuniones, justificando que “no quería asistir” o que “estaba ocupada”.

En el relato, menciona haber confrontado a la nueva periodista en medio de estas situaciones y haber llegado a un punto de quiebre emocional, describiendo un episodio de llanto tras lo que calificó como una “encerrona”.

El contrato finalizó el 4 de agosto. Según la denunciante, fue citada antes de esa fecha para abordar el término de su vínculo laboral.

Ella afirma haber recurrido al correo destinado a denuncias por la Ley Karin del Arzobispado de Santiago. Sin embargo, pese a que le señalaron que iban a notificar a la Inspección del Trabajo, sostiene que no existe registro de alguna investigación formal sobre su caso.

La petición de la denunciante en su demanda por Ley Karin contra el Arzobispado de Santiago

La denunciante acusa vulneraciones a sus derechos fundamentales y, debido a los hechos relatados, solicita una reparación por daño moral de $15 millones, una indemnización de $14.300.000 equivalente a once remuneraciones y el pago de $91 mil por horas extras.

Compartir este artículo
Salir de la versión móvil