El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Andrés Bustamante Valenzuela, exjefe de la División de Gobierno Digital de la segunda administración de Sebastián Piñera, y contra otros cinco funcionarios. Se les acusa de pagar millonarios montos a una empresa por informes que eran elaborados por los mismos funcionarios de la repartición.
Fraude a Estado chileno por más de $138 millones
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Andrés Bustamante Valenzuela, exjefe de la División de Gobierno Digital de la segunda administración de Sebastián Piñera, y contra otros cinco funcionarios. Se les acusa de pagar millonarios montos a una empresa por informes que eran elaborados por los mismos funcionarios de la repartición.
La querella, presentada en octubre de este año, alega que Bustamante y otros funcionarios de la División se habrían concordado para defraudar al Estado por más de $138 millones. El fraude habría ocurrido cuando la División contrató a la empresa Blue Company S.A. para que emitiera informes que en realidad eran elaborados por los propios funcionarios.
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“El inicio del fraude tuvo lugar el 13 de diciembre de 2018”, según el escrito del CDE.
“Proceda a emitir la factura”, señala uno de los correos a los que tuvo acceso el CDE.
El modus operandi del fraude
Según la querella del CDE, los informes elaborados por los funcionarios de la División de Gobierno Digital eran enviados a la empresa Kibernum S.A., quien a su vez se los entregaba a Blue Company para que los entregara formalmente a la División y así se efectuaran los pagos.
- Andrés Bustamante, exjefe de la División de Gobierno Digital;
- Hanna Back Pio, excoordinadora de Transformación Digital;
- Benjamín Corderch, jefe de Tecnologías al momento de los hechos;
- Camila González Jaque, exasesora; y
- Francisco de la Carrera Sepúlveda, exconsultor.
Finalmente, los pagos eran gestionados por Ana Riquelme Herrera, asesora de la División en ese entonces.
El CDE solicitó distintas diligencias a la Fiscalía, entre ellas, el levantamiento del secreto patrimonial de los exfuncionarios implicados.
