El equipo legal que representa a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado por un sicariato en Concón en 2020, informó que ante la inminente demolición de las viviendas construidas ilegalmente en el terreno tomado en Quilpué, hay personas que están haciendo abandono voluntario del lugar.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso informó que está definido el financiamiento para la demolición de las estructuras ubicadas en la zona.
La abogada Jeanette Bruna, representante legal de la familia, señaló que lo que resta es materializar las reuniones de coordinación con Carabineros para determinar si aún existen ocupantes en la toma o personas que se opongan a la demolición.
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“Hay gente que entendió la problemática en la que se ve enfrentada por lo que está haciendo abandono voluntario de las construcciones ilegales que posteriormente van a ser demolidas“, detalló la abogada.
Al respecto, Rodrigo Valdés, abogado de algunos de los actuales ocupantes del terreno, recalcó que no puede haber demolición sin desalojo, algo que, según comentó, no ha sido efectuado en ningún juicio civil ni penal.
Por su parte, María Lorena Rossel, abogada y académica de la Universidad de las Américas en la sede Viña del Mar, explicó que no existen acciones pendientes que las familias instaladas en la toma puedan ejercer, ya que la Corte Suprema se pronunció sobre este tema ordenando el desalojo del lugar con el auxilio de la fuerza pública.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso informó que está definida la vía de financiamiento para la intervención que permitirá el desarme de las viviendas ubicadas en la toma.
El organismo del Estado comunicó que se debe convocar a una nueva reunión de coordinación con todos los servicios involucrados para asegurar que el desalojo y la demolición se desarrolle adecuadamente.
