En prisión preventiva quedaron los cuatro ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua en la capital. Ellos fueron formalizados por los delitos de homicidio calificado, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, incluidas niñas, para fines de explotación sexual.
En el Ministerio Público afirmaron que hay otras personas involucradas en la organización criminal que aún están en libertad.
El desafío de la sustentabilidad en el entorno empresarial
Lo que comenzó como una investigación por un brutal homicidio ocurrido en la comuna de Colina, terminó en una indagatoria que permitió desbaratar en tiempo exprés a una red de explotación sexual. Esta incluso tenía menores de edad entre sus víctimas y operaba a solo cuadras del palacio de La Moneda, y que formaban parte de una de las células territoriales del Tren de Aragua.
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La banda se dedicaba a obtener ganancias mediante la explotación sexual de al menos 30 mujeres extranjeras, varias de ellas menores de 18 años.
El allanamiento del edificio donde se desarrollaba el comercio sexual, ubicado en la calle Tarapacá con Nataniel Cox, permitió la detención de los cuatro integrantes de la banda ilícita y el rescate de las víctimas.
Dos días después se desarrolló la audiencia de formalización de los imputados, quienes están acusados de homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de inmigrantes.
Todos quedaron en prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad, para la integridad de las víctimas, y un riesgo de fuga, y dejando un plazo de 240 días para la investigación.
Los datos entregados por el fiscal
Durante la formalización en el Juzgado de Garantía de Colina, el fiscal preferente ECOH, Sergio Soto Yáñez, entregó antecedentes que acreditaban la participación de los imputados en el asesinato de un integrante de la célula criminal. Ese fue el hecho que desencadenó en la investigación de esta red.
El Ministerio Público logró acreditar frente al tribunal varios delitos y hechos. En octubre de este año, apuñalaron en 15 ocasiones a su compañero en el tórax, para luego ocultarlo en una maleta e incendiarla. El hombre aún presentaba signos vitales cuando fue quemado, según lo expuesto por el fiscal.
- La organización criminal operaba de manera transnacional, con miembros tanto en Venezuela como en Chile.
- Existen otros individuos que están siendo buscados y que participarían en los diferentes ilícitos. Su captura es compleja porque no tienen documentos, registros ni domicilios.
La banda operaba a través de una aplicación, donde los extranjeros respondían en nombre de las mujeres explotadas, pactaban los servicios con los clientes chilenos y enviaban los detalles al «taxista» encargado de transportar a las víctimas y recolectar el dinero. Luego, el «taxista» enviaba las ganancias a Venezuela mediante transferencias electrónicas.
A las mujeres ingresadas a Chile bajo esta red se les cobraba una «multa» de $5 millones por haberles facilitado el ingreso irregular al país. Las víctimas debían rendir semanalmente al menos $300 mil para abonar la deuda, el alojamiento y la alimentación. Además, solo obtenían ingresos extras si negociaban servicios sexuales adicionales con los clientes.
La Fiscalía busca revisar los teléfonos celulares de las víctimas para establecer los domicilios que visitaron y confirmar quiénes serían los «clientes» que habrían contratado a menores de edad.
En el Gobierno, destacaron el trabajo del Ministerio Público y afirmaron que la detención de este grupo criminal es un mensaje para otras organizaciones ilícitas que serán perseguidas respecto a cualquier víctima.
Previo al desarrollo de la audiencia de formalización, se contó con un hecho que generó preocupación entre quienes aseguraban el perímetro del Juzgado de Garantía de Colina. Algunos familiares de los imputados fueron sorprendidos fotografiando a uno de los fiscales de la causa, y fueron trasladados a una comisaría.
