El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional cumple un año desde su puesta en marcha en el marco del Plan Calles sin Violencia. En ese contexto, la institución compartió un resumen de sus principales resultados a la fecha.
Mejora significativa en la resolución de homicidios y secuestros
Según un análisis realizado por el Ministerio Público, el ECOH ha logrado avances considerables en la investigación y persecución de casos de homicidios y secuestros relacionados con el crimen organizado.
- En los homicidios, se ha registrado un aumento del 19,9% en la tasa de casos con al menos un imputado formalizado, pasando de un 33,52% a un 40,18%. Además, la tasa de imputados formalizados por este tipo de casos ha aumentado un 48,2%, pasando de un 30,11% a un 44,61%.
- En cuanto a los secuestros, se ha observado un crecimiento del 32,4% en la tasa de casos con al menos un imputado formalizado, pasando de un 21,49% a un 28,46%. Además, la tasa de imputados formalizados en estos casos ha incrementado un 50,6%, pasando de un 30,33% a un 45,69%.
- La aplicación de prisiones preventivas en los casos de homicidios y secuestros también ha experimentado mejoras significativas, con un aumento del 53,5% y del 54,5%, respectivamente.
Estos resultados muestran el impacto positivo del ECOH en la resolución de casos de crimen organizado, garantizando la formalización de imputados y la aplicación de medidas cautelares adecuadas.
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Importancia de la actuación inmediata en los sitios del suceso
Uno de los factores clave en el éxito del ECOH es la pronta actuación en los lugares donde se cometieron los delitos. Esta estrategia, conocida como «constitución inmediata en los sitios del suceso», ha permitido recopilar evidencia de manera efectiva y asegurar la integridad de las escenas del crimen.
Primer año exitoso y perspectivas futuras
El primer año de funcionamiento del ECOH ha sido considerado un éxito por parte de la Fiscalía Nacional. La institución destaca los resultados obtenidos y asegura que el equipo representa una política pública eficaz para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
