La Contraloría General de la República emitió un dictamen clave sobre la subrogación en la presidencia del Comité de Ministros, encargado de evaluar proyectos de impacto ambiental. Este pronunciamiento surge a raíz de la consulta del Gobierno en relación al proyecto minero-portuario Dominga.
Según el dictamen emitido, la presidencia del Comité de Ministros corresponde a la Ministra del Medio Ambiente o, en su ausencia, al Subsecretario del ramo. En caso de que ambos estén impedidos de ejercer este cargo, se debe aplicar el mecanismo de subrogación establecido en el Estatuto Administrativo.
El dictamen destaca que la subrogación es un mecanismo que asegura la continuidad de la función pública y garantiza decisiones fundadas y acordes a la normativa ambiental.
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Además, se mencionan dictámenes anteriores que establecen los criterios para el reemplazo en casos de ausencia o abstención de los ministros titulares. En situaciones en las que no exista un mecanismo específico de sustitución, el Presidente de la República puede designar a otro ministro.
El Gobierno solicitó este pronunciamiento de la Contraloría debido a la incertidumbre sobre quién debe presidir el Comité de Ministros en el contexto del proyecto Dominga.
Este dictamen cobra particular importancia luego del fallo del Tribunal Ambiental que rechazó el recurso del Servicio de Evaluación Ambiental para suspender los efectos de una resolución que anuló el rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros.
El dictamen de la Contraloría también aborda la ausencia de un mecanismo específico de reemplazo para la presidencia del Comité de Ministros establecido en la Ley Nº 19.300. Según la Contraloría, cualquier ausencia de los ministros titulares debe ser resuelta mediante las normas de subrogación general establecidas en el ordenamiento jurídico.
El objetivo de este dictamen es aclarar las dudas sobre la operatividad del Comité de Ministros en casos de subrogación, garantizando la legalidad y continuidad en la toma de decisiones.
El pronunciamiento de la Contraloría permitirá que el Comité de Ministros defina los próximos pasos respecto del proyecto Dominga, el cual ha generado debate en relación a sus impactos ambientales y económicos.
