Diputados de oposición exigen renuncia de ministra Maya Fernández por fallida compra de casa de Salvador Allende.
La infracción y los cuestionamientos
Un grupo de diputados de oposición envió una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, exigiendo la renuncia de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández. Esta exigencia se debe a la infracción cometida por la ministra al celebrar contratos con el Estado, a pesar de que esto está prohibido para los ministros. Según los diputados firmantes de la carta, esto constituye una transgresión a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, específicamente en su artículo 37 bis.
La situación de la ministra Fernández se vio aún más comprometida cuando se inició una investigación de tipo penal, lo que además de dañar su gestión como ministra, la afecta personalmente al requerir de mayor atención en su defensa legal. Esto ha generado dudas sobre su capacidad para ejercer su cargo de manera adecuada y efectiva, especialmente en el contexto de una posible acusación constitucional en su contra.
Llamado a la renuncia
Los diputados firmantes de la carta señalaron que, dadas las circunstancias y los cuestionamientos que enfrenta la ministra Fernández, no consideran que sea la persona adecuada para el importante cargo de defensa nacional. Aseguran que, aunque reconocen su trayectoria y respaldan su labor como funcionaria pública, los múltiples cuestionamientos y la investigación penal en curso son obstáculos infranqueables para ejercer el cargo de manera adecuada.
Un llamado al Presidente
Por último, los diputados de Renovación Nacional hicieron un llamado al Presidente Boric para que releve esta situación a nivel de Estado y evalúe la renuncia de la ministra Fernández. Consideran que es responsabilidad del Mandatario dejar de lado cualquier vínculo de amistad o cercanía y tomar una decisión basada en el interés del país y en la capacidad de la ministra para enfrentar los desafíos críticos que recaen sobre la Defensa y las Fuerzas Armadas.
La ministra Maya Fernández, por su parte, compareció ante la Fiscalía la semana pasada y ejerció su derecho a guardar silencio. La investigación en su contra se centra en la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia, de la cual ella es propietaria desde 1998, situación que ha generado polémica debido a su cargo y a las restricciones para celebrar contratos con el Estado.