El ministro de Vivienda, Carlos Montes, está siendo objeto de críticas debido a los bajos avances en la reconstrucción tras los incendios que devastaron la región de Valparaíso en febrero de 2024. A un año de la tragedia, el proceso solo ha alcanzado un 26% de avance, lo que ha generado malestar en el oficialismo. Además, ha surgido polémica por las vacaciones que está tomando el ministro en medio de este importante desafío.
La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, salió en defensa de Montes, señalando que, a pesar de estar de vacaciones, el ministro ha estado pendiente de las labores de reconstrucción. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó los ajustes en las estrategias de reconstrucción y los cambios en los equipos regionales, asegurando que van en la línea de mejorar el proceso.
Sin embargo, las críticas hacia Montes han trascendido el oficialismo. La oposición ha solicitado su renuncia y la diputada Camila Flores de Renovación Nacional incluso ha insinuado una posible acusación constitucional. Por su parte, el diputado Diego Ibañez del Frente Amplio ha pedido una mayor presencia del ministro en las zonas afectadas. Además, las autoridades locales también han manifestado su descontento, argumentando que hay «responsabilidades políticas que nadie ha querido asumir».
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En este sentido, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, exige que el Gobierno proporcione certezas y respuestas claras a los afectados por los incendios. Hasta ahora, solo 78 familias han recibido una solución habitacional definitiva, lo que evidencia la lentitud del proceso de reconstrucción.
Ante este panorama, es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para acelerar la reconstrucción y brindar soluciones a quienes perdieron sus hogares en esta tragedia. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza en la población y asegurar una reconstrucción efectiva y justa. Es responsabilidad del Gobierno actuar de manera diligente y cumplir con las expectativas de los ciudadanos afectados.
