La defensa de María Leonarda Villalobos respondió a La Radio sobre la querella criminal presentada por la defensa de Luis Hermosilla, quien la acusa de grabación y difusión ilegal de conversaciones privadas, así como de prevaricación.
El equipo jurídico de Villalobos declaró que, aunque les «llama la atención el momento» en que se interpuso la acción, respetan los derechos procesales de la contraparte.
Sobre los fundamentos de la querella, la defensa de Villalobos subrayó que el caso plantea un debate jurídico relevante: «Hablamos derechamente de ‘pruebas ilegales que llevan a la contaminación completa de una investigación».
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Señalaron que la teoría de los «frutos envenenados del árbol» —que invalida pruebas derivadas de un acto ilícito— ya está resuelta en otros sistemas legales, pero en Chile «abre nuevos escenarios de debate».
Recordemos que el escrito de nueve páginas -revelado por BBCL Investiga– presentado por el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, sostiene que Villalobos «orquestó» una reunión el 22 de junio de 2023 para crear una «puesta en escena».
Según la querella, ella manipuló la conversación bajo «la apariencia de un encuentro profesional y confidencial» para obtener información comprometedora.
La defensa de Villalobos rechazó estas afirmaciones y anunció que se enfocará en «aclarar hechos que están planteados en forma inexacta en la querella, haciéndolo ver al Ministerio Público y a los tribunales, en caso que fuese menester». No especificaron qué puntos consideran erróneos, pero adelantaron que presentarán sus argumentos en las instancias correspondientes.
En la querella, los Hermosilla sostienen que Luis habló con «expresiones exageradas, bravuconerías y alardes» durante la reunión grabada, creyendo que sus palabras no serían divulgadas. Acusan a Villalobos de aprovechar la «relación profesional» y el «contexto de confianza» para grabar conversaciones protegidas por el secreto profesional.
Los querellantes comparan el caso con la doctrina del «árbol envenenado», alegando que la grabación ilícita «constituye el presupuesto basal» que contamina todas las pruebas posteriores derivadas de ella. «Este acto, más allá de ser una simple grabación ilícita, reviste de ilicitud todo el resto de evidencias», afirma el texto.
