El gobernador Sergio Giacaman aceptó la resolución judicial que lo excluye como querellante en el caso Molino Grollmus, dejando al descubierto un vacío legal en la lucha contra el terrorismo.
Vacío legal en la lucha contra el terrorismo
La Corte de Apelaciones de Concepción determinó que sólo los delegados presidenciales tienen la legitimación para ejercer acciones legales en casos penales, lo que deja a las regiones desprotegidas en este aspecto.
- El GORE Bío Bío había pedido investigar el atentado como un delito terrorista.
- El gobernador anterior, Rodrigo Díaz, había presentado la querella.
- El actual gobernador, Sergio Giacaman, calificó la querella como puramente mediática.
La familia Grollmus también aceptó la sentencia, aunque agradecieron la intervención del ex gobernador regional y esperan que las autoridades invoquen la normativa recién aprobada en futuros casos de ataques terroristas.
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La Delegación Presidencial Regional es ahora la querellante en el caso, pero sin invocar la Ley Antiterrorista. Actualmente, hay 14 personas imputadas y en prisión preventiva por delitos como incendio, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de armas.
