La jornada de este viernes, se dio a conocer que Roberto Arroyo (PSC), junto a un grupo de diputados “que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio”, presentaron un requerimiento para declarar inconstitucional la aprobada reforma de pensiones.
En concreto, los legisladores acudieron al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto a la totalidad de la norma. Esto, porque buscar impugnar el hecho de que “el Congreso Nacional haya entrado a legislar sobre materias que no son propias de reserva legal, por cuanto exceden aquellas que taxativamente le indica como parte de su competencia”.
Según los parlamentarios, la futura ley afecta constitucionalmente “una materia de reserva personal (…) por lesionar en su esencia los derechos que a los afiliados al sistema previsional les asegura el artículo 19, N°s 18,21 y 24 de la misma Carta”.
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En un documento de 150 páginas de extensión, los diputados fundamentaron la presunta inconstitucionalidad del proyecto detallando su discusión y objetivos iniciales.
Así, señalaron que terminó “atentando el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones, al restringir su facultad de decisión y control sobre el destino de sus ahorros previsionales, con la eliminación de los 5 multifondos y sustitución de al menos 10 fondos generacionales que en la cuenta obligatoria se les prohíbe a los 12.000.000 la libertad de cambios de fondo”.
“Alterando, de forma unilateral los actuales contratos vigentes, y conteniendo un vicio de competencia del legislador, lo que ha llevado a los legisladores a actuar más allá de sus competencias establecidas en la Constitución Política de la República”, agregaron.
En el requerimiento también se apunta a que se han introducido cambios que afectan “las modalidades de las cotizaciones y las relaciones jurídicas entre particulares, lo que excede el alcance de lo que se considera como “materias básicas””.
No obstante, la que se insiste como “la inconstitucionalidad más patente”, es el “alterar la esencia de los contratos en curso, lícitamente celebrados, sin la aquiescencia positiva de los afectados. Amén de imponerles restricciones o limitaciones al ejercicio de esos derechos bajo el argumento de mejorar la situación previsional de unos con perjuicio otros”.
El requerimiento ya fue informado al Presidente de la República, Gabriel Boric.
