Los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero, Sofía Cid y Luis Fernando Sánchez, han denunciado un «escándalo gigantesco» relacionado con el traspaso de más de 1.500 millones de dólares de la Corfo al Gobierno central. Según una investigación realizada por el medio The Clinic, estos fondos provienen de la venta de activos financieros de la Corfo y se destinaron a mitigar la deuda del Estado. La operación ha generado cuestionamientos sobre la gestión financiera del Gobierno en medio de recientes errores en la proyección del déficit fiscal y el cálculo de ingresos.
La acusación contra el Gobierno
Según la investigación de The Clinic, en 2023, el Ministerio de Hacienda solicitó traspasos extraordinarios desde la Corfo por más de $3,4 billones. Parte de estos recursos provienen de los excedentes generados por la explotación del litio. Sin embargo, en noviembre, el Gobierno solicitó una nueva transferencia por US$1.500 millones, los cuales fueron obtenidos mediante la venta de activos financieros de la Corfo. En las actas de la corporación, se registró que el ministro Mario Marcel argumentó la necesidad de dichos recursos debido al alto nivel de endeudamiento. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, se opuso a este traspaso para resguardar el patrimonio de la institución.
Reacción del Partido Republicano
Ante estos hechos, los diputados del Partido Republicano han exigido una investigación sobre el traspaso de la Corfo al Gobierno. Agustín Romero, diputado del partido, ha calificado esta situación como gravísima y ha señalado que demuestra el estado crítico de las finanzas públicas y el patrimonio del Estado resguardado por el Ministro Marcel. Por su parte, la diputada Sofía Cid ha manifestado que investigarán estos traspasos y las decisiones y proyecciones erróneas tomadas por la Dirección de Presupuestos en los últimos meses. Además, han anunciado que citarán a todos los Ministros que son Consejeros de la Corfo y que avalaron estas maniobras. El jefe de la Bancada Republicana también ha adelantado que presentarán una solicitud para crear una Comisión Investigadora y que, si es necesario, estudiarán una acusación constitucional para proteger los recursos de todos los chilenos.
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Esta situación plantea un escándalo gigantesco que compromete el futuro financiero de los chilenos. El Partido Republicano busca evitar que se siga deteriorando el patrimonio público y garantizar que los recursos sean utilizados adecuadamente.
