El diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, exigió sanciones ejemplares y compensaciones justas por el apagón masivo que afectó a más de 19 millones de personas en Chile.
Llamado a la acción: sanciones y compensaciones justas
El diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio (FA) ha instado a la imposición de sanciones drásticas y compensaciones adecuadas por el reciente apagón masivo que afectó a más de 19 millones de personas en Chile.
En sus declaraciones, Ibáñez hizo hincapié en la necesidad de abandonar las multas simbólicas y aplicar sanciones contundentes a las empresas responsables del apagón. Según el diputado, es crucial que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) imponga sanciones que podrían alcanzar los 10 mil millones de dólares por cada empresa involucrada.
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El parlamentario también considera fundamental que se compense adecuadamente a las familias afectadas, ya que se trata del mayor apagón que ha sufrido Chile desde el terremoto de 2010.
- Las sanciones propuestas podrían superar los 10 mil millones de dólares por empresa responsable.
- La compensación justa a las familias es esencial debido a la magnitud del apagón.
Es importante destacar que la legislación establece multas de hasta 10 mil UTA, equivalentes a unos 8 mil millones de pesos chilenos; y compensaciones de hasta 20 mil UF, es decir, más de 700 millones de pesos chilenos.
El apagón, que ocurrió el martes pasado, dejó a gran parte del país sin electricidad ni conexión durante más de ocho horas, siendo el mayor apagón en 15 años en Chile, comparable solo al ocurrido tras el terremoto de 2010.
La interrupción del suministro eléctrico obligó al Gobierno a declarar el estado de excepción y el toque de queda nocturno, revelando la fragilidad del sector energético chileno que se encuentra mayormente privatizado.
En una declaración pública desde el palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric responsabilizó al sector privado por el apagón, asegurando que la situación debió haberse solucionado mucho más rápido.
Boric expresó su indignación ante lo ocurrido, enfatizando que no es tolerable que la vida diaria de millones de chilenos y chilenas se vea afectada por la irresponsabilidad de una o varias empresas. El presidente declaró que es deber del Estado de Chile hacer valer estas responsabilidades.
