Más de 3.400 personas registradas como deudores de pensión de alimentos recibieron su licencia de conducir entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024. Este hallazgo fue revelado por la Contraloría General de la República, que detectó que 242 municipios del país incumplieron la Ley N°21.389.
70% de las municipalidades del país otorgaron licencias a deudores de pensión de alimentos
70% de las municipalidades del país infringieron la normativa, vigente desde 2022, que impide otorgar licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto se reveló tras una revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR), que analizó lo sucedido desde noviembre de 2022 hasta diciembre de 2024.
Más de 3.400 personas recibieron licencia a pesar de ser deudores
El hallazgo se desprende del cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que el órgano de control detalló que los permisos fueron entregados a conductores que adeudan un total de $17.473 millones en pensiones alimenticias, afectando a 4.706 niños y niñas en el país.
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- En resumen, más de 3.400 personas incluidas en el registro de deudores renovaron o se les otorgó el documento.
- Esto constituye una franca infracción a la Ley N°21.389.
Incumplimiento a nivel municipal
El CIC señala que el 94% de las municipalidades de la Región Metropolitana no cumplieron con la norma. Además, a nivel país, seis municipios entregaron más de 100 licencias a deudores. Estas son: Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
La CGR enfatizó que la responsabilidad recae en el funcionario municipal a cargo del trámite, quien debe verificar si el solicitante figura en el Registro de Deudores. En caso de infracción, la ley contempla sanciones que van desde una multa del 10% al 50% de su remuneración.
Deudores familiares de funcionarios
El informe también reveló otro dato preocupante: 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia en la misma comuna donde trabajan, a pesar de estar inscritos como deudores. Además, 482 deudores de pensión alimenticia son familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron su licencia, lo que podría evidenciar una red de favores internos dentro de los municipios.
Sanciones y futuras fiscalizaciones
A raíz de estos antecedentes, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que está evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones y tomar medidas correctivas.
Este nuevo informe refuerza la preocupación sobre la falta de control en los municipios y el escaso cumplimiento de la ley en materias sensibles, como la protección de los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
