La Fiscalía de Chillán formalizó a Richard Vicente Guzmán Fernández, exadministrador municipal, por tres delitos de negociación incompatible, luego de que favoreciera a su socio en contrataciones dentro del municipio.
Formalización de exadministrador municipal por delitos de negociación incompatible
El exadministrador municipal, Richard Vicente Guzmán Fernández, ha sido formalizado por la Fiscalía de Chillán por tres delitos de negociación incompatible. Se le acusa de favorecer a su socio en contrataciones dentro del municipio.
Medida cautelar de prohibición de salir del país
El Juzgado de Garantía de Chillán ha decretado la medida cautelar de prohibición de salir del país para Richard Vicente Guzmán Fernández mientras se realiza la investigación. Esta medida busca garantizar que el implicado esté disponible para declarar y enfrentar los cargos en su contra.
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Detalles de las acusaciones
Según el fiscal jefe, Sergio Pérez Nova, Richard Vicente Guzmán Fernández creó una empresa junto a su socio en 2017, la cual se mantuvo activa hasta 2024. Sin embargo, Guzmán Fernández, ya en su cargo como administrador municipal, intervino en tres ocasiones para favorecer a su socio, sin seguir los protocolos legales correspondientes.
- Solicitud de incorporación de su socio a contrata en la administración municipal el 29 de junio de 2021.
- Renovación del contrato del socio el 23 de septiembre de 2021.
- Petición para extender nuevamente la contrata del socio el 30 de diciembre de 2021, con un ascenso en la escala de remuneraciones.
Estas acciones fueron consideradas como negociación incompatible y constituyen delitos según la Ley 18.575 y la Ley 19.880. El imputado tenía la responsabilidad de inhabilitarse en las contrataciones que involucraban a su socio, pero no lo hizo, vulnerando así las leyes mencionadas.
Investigación y plazo para esclarecer los hechos
La investigación de este caso está a cargo de la Fiscalía de Chillán en colaboración con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El tribunal ha establecido un plazo de cuatro meses para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
