La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha decidido no perseguir la investigación por falso testimonio contra los exarzobispos de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, en el marco del caso Karadima. Según la resolución del Ministerio Público, no se encontraron suficientes antecedentes para fundamentar una acusación.
El caso comenzó en 2021 con una querella presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del jurista imputado Luis Hermosilla. Según Juan Pablo, Errázuriz y Ezzati faltaron a la verdad en el contexto de la demanda indemnizatoria presentada por las víctimas del sacerdote Fernando Karadima.
Las víctimas, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, presentaron una demanda contra la Iglesia en 2019, la cual fue fallada a favor de las víctimas y ordenó una millonaria indemnización. Según Hermosilla, Errázuriz afirmó haber cumplido con las normas canónicas, pero sus acciones procesales permitieron dilatar el caso.
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El abogado también citó un correo enviado por Errázuriz al Nuncio Apostólico Giuseppe Pinto, en el que se revelaría la falta de diligencia de la iglesia chilena. Hermosilla sostiene que el contenido del mensaje nunca fue conocido ni dejado en el archivo eclesiástico.
La decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por falso testimonio contra los exarzobispos ha generado diversas reacciones y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de abuso sexual. La falta de sanciones en este caso específico pone en duda la capacidad de las víctimas para obtener justicia y exige un mayor escrutinio sobre los encubrimientos dentro de la Iglesia.
Este hecho también evidencia la dificultad de llevar a cabo una investigación exitosa en casos de abuso sexual clerical. La falta de pruebas concretas y la complejidad de las dinámicas de poder dentro de la Iglesia pueden obstaculizar la búsqueda de justicia y la protección de las víctimas.
La decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción para casos de abuso sexual en contextos eclesiásticos. Es fundamental que las víctimas puedan acceder a procesos de justicia efectivos y que los responsables sean debidamente sancionados, sin importar su posición o influencia en la jerarquía religiosa.
Este caso no solo pone en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la Iglesia, sino que también refuerza la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra el abuso sexual. La presión de la opinión pública y el escrutinio externo son fundamentales para garantizar la transparencia y la responsabilidad en estos casos.
La decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de no perseverar en la investigación por falso testimonio contra los exarzobispos de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, genera una nueva oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una justicia equitativa y efectiva en casos de abuso sexual clerical. La protección de las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables deben ser prioridad en la sociedad chilena y en todo el mundo.
