En los últimos años, el término “permisología” ha cobrado relevancia en el debate político, público y privado, por la supuesta complejidad burocrática en la obtención de permisos para proyectos de inversión.
Según explican expertos, lo anterior pareciera ser un obstáculo para el desarrollo económico o el crecimiento del país. La necesidad de simplificar los procesos burocráticos y dar mayor certeza a los inversionistas sería clave para reactivar la inversión y optar a un crecimiento sostenible.
El proyecto de ley para crear el Sistema Inteligente de Permisos
Actualmente se tramita en el Congreso nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos, también conocido como proyecto de permisos sectoriales. Esta iniciativa tiene como objetivo principal disminuir entre un 30% y 70% el tiempo de tramitación de permisos que no están incluidos en el Sistema de Evaluación Ambiental.
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¿Qué es la ‘permisología’ en Chile?
En Chile, el término «permisología» se refiere a la cantidad excesiva de trámites y autorizaciones necesarios para llevar a cabo proyectos de inversión. Esta situación no solo ralentiza los tiempos de aprobación, sino que también genera incertidumbre y aumenta los costos para los inversionistas.
Según lo recogido por la Biblioteca del Congreso Nacional, se han registrado casos en los que proyectos han sido paralizados o afectados en sus plazos debido a la burocracia relacionada con la permisología. Por ejemplo, se han presentado paralizaciones de inversiones tras la presentación de declaratorias ambientales en proyectos en humedales urbanos. Otro ejemplo es la detención de grandes obras debido a hallazgos arqueológicos, como en la construcción de la Línea 7 del Metro y el Hospital de El Salvador. Además, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en promedio tardaron 985 días corridos en ser aprobados en 2023.
Impacto en la economía chilena
Según Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, el término «permisología» se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico. Existe una correlación directa entre la inversión y el crecimiento del PIB, así como su impacto en la generación de empleo y el avance tecnológico. Además, un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló que la obtención de permisos sectoriales prioritarios en Chile puede tardar más de una década, y en algunos casos, los proyectos se extienden hasta 11 años debido a la falta de coordinación entre organismos estatales.
Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, también destaca que la creciente cantidad de regulaciones ha dificultado cada vez más el desarrollo de proyectos. Las constantes modificaciones normativas en la última década han generado incertidumbre y han hecho que los inversionistas se enfrenten a costos desconocidos y plazos impredecibles.
De acuerdo con Constanza Hube, abogada y ex Convencional Constituyente, cualquier persona que desee impulsar un proyecto de inversión en Chile tiene que lidiar con «23 ministerios sectoriales, casi 40 subsecretarías, sumado a cientos de servicios públicos, municipalidades y autoridades regionales».
