En respaldo a los argumentos entregados por la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, durante la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, también ha expresado su apoyo a los mismos.
Durante la sesión del Congreso, Moya mencionó que tanto ella como su equipo estaban al tanto de las normativas involucradas en el caso, pero que se enfocaron únicamente en sus tareas específicas, que consistían en revisar la legalidad de los decretos supremos emitidos por el Presidente de la República.
En una conferencia de prensa, la ministra Etcheverry respaldó las palabras de Moya, destacando que la jefa de la División Jurídica reafirmó lo que el gobierno ha venido sosteniendo, en línea con lo expresado también por la Contraloría. Según Etcheverry, en ese momento y en relación al Decreto 38, correspondía realizar un análisis de calidad del propio decreto, proceso que fue ratificado por la Contraloría al tomar conocimiento del caso.
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La ministra enfatizó que el gobierno está constantemente sujeto a evaluación y que la jefa de la División Jurídica sigue desempeñando sus funciones. En relación a la notificación de la inhabilidad que existía, Etcheverry reiteró que el gobierno ha reconocido que el procedimiento no se llevó a cabo de manera correcta. Actualmente, se están realizando sumarios administrativos para determinar responsabilidades y han sido establecidas responsabilidades políticas.
En resumen, la revisión realizada por la División Jurídica Legislativa de la Segpres concluyó que el Decreto 38 era legal y debía ser firmado, lo cual fue avalado por la toma de razón de la Contraloría. El gobierno ha reconocido que hubo errores en el proceso y se están tomando las medidas correspondientes para establecer responsabilidades.
