La Fundación Urbanismo Social, investigada en el «Caso Convenios», ha solicitado su quiebra ante la justicia. Esta institución no gubernamental, creada en 2008, se dedica al desarrollo de proyectos urbanos de interés social. Según su sitio web, en 15 años han realizado más de 155 proyectos y entregado 2.200 viviendas.
Millonarias deudas y una grave crisis reputacional
La Fundación Urbanismo Social, representada por Camila Ramírez, ha solicitado su liquidación debido a una grave crisis económica. Según lo señalado por Diario Financiero, la fundación tiene deudas cuantiosas que superan su patrimonio. Además, han sufrido pérdidas de proyectos debido a la crisis reputacional generada por el «Caso Convenios».
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«El mes de junio de 2023 se dio a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia», acotaron desde la entidad.
La fundación ha enfrentado acciones judiciales y medidas precautorias interpuestas por el Estado y sus instituciones, lo que ha llevado a la pérdida de proyectos y la disminución de ingresos. Además, se les ha dificultado la suscripción de nuevos convenios para superar la crisis financiera.
«La liquidez, solvencia y continuidad de la empresa deudora es absolutamente imposible»
Hasta el 30 de abril de 2024, la fundación tenía una pérdida contable de $270 millones y $635 millones en pasivos exigibles por gastos rendidos al Minvu y servicios dependientes. También tienen $281 millones retenidos a favor del fisco. Además, deben restituir $506 millones que recibieron por adelantado para convenios que no se llevaron a cabo. Por último, tienen una deuda de $274 millones en finiquitos a ex empleados.
