El 7 de mayo de 2021, Joshua Carrasco e Ismael Bastías fueron detenidos por funcionarios de la PDI. Los jóvenes fueron aprehendidos durante un control policial en el que se detectó que el vehículo en el que se encontraban circulaba sin una de sus placas patentes. Durante la fiscalización, los policías habrían visto que el copiloto llevaba un arma de fuego, lo que llevó a que se solicitara a los jóvenes descender del auto. En ese momento, Carrasco habría dirigido el vehículo contra uno de los detectives, lo que dio inicio a una persecución policial. La persecución terminó con la detención de Bastías primero, y luego con la captura de Carrasco y su madre en la casa de este último. En el domicilio se encontraron sustancias y elementos relacionados con el tráfico de drogas. Tras cinco meses de investigación, se formuló la acusación y se inició la preparación del juicio oral. La Fiscalía Sur solicita penas de prisión para los involucrados. Desde la defensa, se denuncian falencias en el procedimiento policial e incongruencias en las declaraciones de los involucrados.
El cierre de la investigación y las solicitudes de penas
La Fiscalía comunicó el cierre de la investigación del caso y formuló la acusación correspondiente. El juicio oral está programado para comenzar el próximo 9 de septiembre. El Ministerio Público solicita una pena de 12 años de presidio para Joshua Carrasco por delito de homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, además de otros 600 días por tráfico en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones. Para Ismael Bastías, se le imputa el delito de tenencia ilegal de municiones, por el que se pide una pena de 541 días de presidio. La madre de Carrasco, Laura Bascuñán, enfrenta cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones, por los que se solicitan más de 600 días de presidio. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentará más de 40 pruebas recolectadas durante la investigación, incluyendo testimonios de testigos, pruebas periciales y documentales.
Las movilizaciones y las denuncias de montaje
Desde el inicio del caso, las familias de Joshua e Ismael han denunciado una serie de falencias en las indagatorias. Alegan que no se registraron las cámaras del lugar donde ocurrió el control policial, lo que ha generado dudas sobre el procedimiento. Las familias iniciaron una movilización para impulsar la liberación de los jóvenes. En esta movilización, contaron con el apoyo de Víctor Díaz, asesor de la Subsecretaría del Interior, y de la concejala de La Pintana, Scarlet Rothen. Ambos convocaron a manifestaciones para denunciar un montaje por parte de los policías. Durante estas manifestaciones, Díaz y Rothen realizaron transmisiones en vivo por redes sociales, entrevistando a los padres de Ismael y denunciando la discriminación y criminalización que sufrirían los jóvenes por vivir en La Pintana, una comuna estigmatizada. Las palabras de los involucrados generaron polémica y críticas en diversos sectores. A pesar de ello, la defensa de los jóvenes mantiene la tesis de que hubo un procedimiento mal realizado y la ocultación de pruebas clave.
Las acusaciones de la Defensoría Penal Pública
La Defensoría Penal Pública ha mantenido su postura de que el caso se originó a partir de un procedimiento mal realizado. Según la abogada María Paz Martínez, la defensa no pudo acceder a material clave de la indagatoria, como las grabaciones de las cámaras del lugar o las actas de las incautaciones. Además, se alega que Carrasco recibió un disparo por parte de los policías durante el procedimiento, lo que lo convertiría en la víctima. Respecto a las incautaciones, se pedirá la absolución de los imputados ya que no existiría una cadena de custodia de las pruebas. También se denuncian incongruencias en las declaraciones de los involucrados, como la presencia de un tercer hombre en el vehículo, que según la defensa, era la hermana menor de Carrasco.
