La sesión del pasado 30 octubre, en el Gobierno Regional de Arica, fue de todo menos tranquila. Hace un año, representantes de una fundación de la ciudad llegaban hasta el consejo regional para reclamar por el término de un convenio que habían firmado a fines de 2022 con el gobernador. Los representantes de la Fundación Conecta Tea, Antonio Galleguillos y Solange Ramírez, acusaban al gobernador Jorge Díaz (DC) por poner término al programa que buscaba atender a niños TEA. “Quiero decir que aquí lo que falló no fue el gobierno regional, no fueron los consejeros regionales, nosotros entregamos los recursos, aquí lo que falló fue el ejecutor”, respondió en ese entonces el Gobernador.
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El conflicto llega a la justicia
A un año del tenso cruce, el conflicto hoy ya está en manos de la justicia. La Fiscalía investiga a los representantes de Conecta Tea, quienes están como imputados por fraude al fisco, en una indagatoria que se encuentra reservada. El pasado 29 de julio, el abogado defensor de la fundación solicitó una audiencia para conocer los hechos que se le imputan, mientras que el tribunal fijó como plazo el 7 de octubre de 2024 para que la Fiscalía formalice la investigación, amparados en el artículo 186 del código procesal penal. En ese sentido, desde el ente persecutor comentaron que está en evaluación que se concrete esa audiencia, pues se está a la espera de informes periciales, por lo que se podría pedir más tiempo.
Demanda del Consejo de Defensa del Estado
Junto con esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda civil para retener los $346.724.000 que se le entregaron a la fundación. En el escrito del CDE, se señala que existen rendiciones enviadas por la fundación que fueron observadas y no subsanadas por la suma de $167.002.682, y sumas de dinero no rendidos por $183.296.318. La fundación dirigida por Antonio Galleguillos y su pareja, Solange Ramírez, calificó la acusación como un acto “abusivo, ilegal y arbitrario” y aseguró que nunca conoció las notificaciones del gobernador donde se le solicitaba subsanar las rendiciones. El CDE justificó la retención de los millonarios monto por el “riesgo evidente” de que la fundación “no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, ya que entre otras cosas, que la fundación carece de todo tipo de bienes”.
Cobros por servicios gratuitos: las denuncias que destaparon el caso
Hace un año, Mega Investiga dio a conocer la compleja situación que vivían familias de Arica. En medio de protestas, donde mostraban la cara de Antonio Galleguillos, un grupo de vecinos acusaban haber sido estafados por la Fundación Conecta Tea. Meses antes, el Gobierno Regional había firmado un millonario convenio con la fundación para la atención gratuita de niños Tea. Sin embargo, al poco andar comenzaron los problemas. Las familias denunciaron que la fundación cobraba una cuota mensual de $20.000 para cubrir gastos generales, a pesar de que el convenio implicaba la atención gratuita de los pacientes. Las denuncias llegaron a su punto más tenso el sábado 15 de julio de 2023, cuando decenas de familias protestaron en contra de la fundación en el centro de Arica.
Pacientes “fantasmas” y sin registros de avances del programa
Las denuncias comenzaron a hacer ruido en el Gobierno Regional, donde conocían de cerca a Galleguillos, pues se desempeñó como integrante del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Arica e hizo campaña por el gobernador. Sin embargo, esa cercanía comenzó a romperse en medio del desarrollo del programa. La dirección de presupuesto del Gobierno Regional envió, en al menos tres ocasiones, oficios informando a la fundación sobre los problemas en las rendiciones. En dichos documentos, se observa, entre otras cosas, que existían listas con los beneficiados rellenadas a mano y sin datos que comprueben su veracidad, como número telefónico o dirección; además no se informaba el avance del programa. A raíz de esto, y tras la denuncia de Mega Investiga que daba cuenta de otras irregularidades en la ejecución del programa, el Gobierno Regional puso término anticipado al convenio y envió los antecedentes a la Fiscalía, lo que desató la furia de Galleguillos, quien fue al GORE a increpar al gobernador. Hoy la Fiscalía mantiene en reserva la indagatoria, en la que los representantes de la fundación figuran como imputados por fraude al fisco.
