Controversia alrededor de la nueva Ley de Acuicultura
En la región de Los Lagos, la propuesta para la nueva Ley de Acuicultura está enfrentando fuerte oposición por parte de los sindicatos de trabajadores de la industria del salmón, quienes han hecho un llamado explícito a la Contraloría para suspender el proceso de elaboración llevado a cabo por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Argumentos de los opositores al nuevo marco legal
Los representantes sindicales argumentan que la nueva ley podría significar el fin de la industria salmonera tal como la conocen, poniendo en riesgo a trabajadores y pequeños empresarios, especialmente en regiones del sur del país.
Walter Sandoval, presidente del sindicato interempresas Mar del Sur, ha solicitado la suspensión inmediata de los talleres relacionados con la legislación, considerando que la ley busca «refundar la industria para que no exista y elimine a los trabajadores salmoneros».
Lo más Trend
Respuestas de las autoridades y desarrollo de talleres
Marta Oyarzo, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, critica que el proceso llevado a cabo presenta serios inconvenientes y que los ocho pilares en los que se sustenta no fueron debidamente consultados con los actores afectados.
«La Subsecretaría está llevando a cabo los talleres bajo premisas que no se han dialogado de manera abierta y participativa», destacó Oyarzo.
Marta Oyarzo
El seremi de Economía, Luis Cárdenas, por otra parte, defiende la ejecución de los talleres, afirmando que se han desarrollado con normalidad y han tenido una alta convocatoria en la isla de Chiloé.
Expectativas futuras y conflicto regulatorio
Los opositores de la nueva legislación esperan un pronunciamiento formal por parte de la Contraloría, expresando su preocupación por la creación de nueva normativa mientras se enfrentan conflictos con la Ley Lafkenche y otras problemáticas asociadas en la industria salmonera.
Este es un punto de inflexión crucial que podría decidir el futuro operativo y regulatorio de una de las industrias más vital para el sur de Chile.
