Contexto del caso
Una grave denuncia sacudió los cimientos de La Moneda cuando una funcionaria acusó a miembros del gobierno de acoso sexual y laboral. Este caso, que data del gobierno de Gabriel Boric, fue abordado tras un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para compensar a la denunciante, evitando así su judicialización. Según La Tercera, el acuerdo alcanzó la sumatoria de más de $40 millones en abril de 2023.
Relato de los hechos
La funcionaria, empleada en el palacio desde 2010, reportó que los problemas comenzaron durante la era de Boric. Según su testimonio, fue objeto de amenazas por parte de sus colegas y sufrió acoso sexual por un compañero de trabajo, hecho que ocurrió en presencia de otros empleados y superiores, quienes no tomaron medidas para protegerla.
«Me enviaron mensajes agresivos de índole sexual, amenazándome con el suicidio si no accedía a tener relaciones sexuales», afirmó la víctima.
Fuente anónima
Acciones tomadas
Frente a esta situación, la denunciante optó por llevar el caso ante la justicia. La falta de apoyo interno y la gravedad de las acusaciones precipitaron la decisión de buscar una resolución legal fuera de la institución. La Presidencia, consultada por el medio, confirmó que los funcionarios implicados ya no forman parte del gobierno desde fechas antes señaladas, siendo el 10 de junio de 2024 y el 31 de enero de 2023.
Lo más Trend
Este caso destaca la problemática persistente del acoso dentro de las instituciones estatales y la necesidad de sistemas más eficaces para la protección de los trabajadores. La indemnización, aunque soluciona el conflicto inmediato, deja abiertas preguntas acerca de las medidas a largo plazo para prevenir futuras incidencias.
Resonancia y medidas futuras
El acuerdo con la denunciante cierra un capítulo de este conflicto, pero también sirve como un recordatorio crítico sobre la importancia de establecer un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los empleados. La gestión de tales casos pone de manifiesto la urgencia de reformar las políticas internas y fortalecer los mecanismos de denuncia y protección en las entidades gubernamentales.
