La Cámara de Diputados de Chile ha dado un paso crucial al aprobar la Ley de Usurpaciones, un proyecto legislativo que ha sido objeto de debate y controversia en los últimos meses. La ley, que ya había obtenido el visto bueno del Congreso en agosto, ha pasado por un proceso de revisión y modificación, finalmente obteniendo el respaldo necesario para su aprobación.
Apoyo inesperado de Evópoli y el Partido Republicano
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La aprobación de la Ley de Usurpaciones es una victoria para el Ejecutivo del Presidente Gabriel Boric, considerando que su gobierno no cuenta con mayoría en el Legislativo. Durante el proceso de debate, se retiraron parlamentarios del Partido Comunista, y miembros de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) votaron en contra. Sin embargo, el apoyo inesperado de Evópoli y el Partido Republicano permitió la aprobación de la iniciativa, demostrando la importancia de las alianzas políticas en el actual escenario legislativo.
Cambios en la ley a través de observaciones presidenciales
La administración de Gabriel Boric hizo valer la potestad presidencial para introducir observaciones a la ley y proponer cambios significativos. Estas observaciones se centraron en aspectos clave de la ley, como la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes. La capacidad de la presidencia para influir en la legislación se convirtió en un factor determinante para la aprobación de la ley.
Debate sobre la pena de cárcel en casos de usurpación
El debate en torno a la pena de cárcel en casos de usurpación ha sido uno de los aspectos más controvertidos de la ley. La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación por la posibilidad de enviar a la cárcel a personas que ocupan propiedades por necesidad social, argumentando que la pena de cárcel no siempre es la solución adecuada, especialmente en casos de primeros delitos y restituciones pacíficas de bienes. Se busca que los jueces tengan la capacidad de evaluar y decidir sobre la aplicación de penas de multa en lugar de la prisión en estos casos.
