Antecedentes de la Nueva Ley
La Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, ha implementado un criterio que establece que la «confianza legítima» para empleados públicos requerirá un mínimo de cinco años de contrato para ser considerada. Esta decisión ha sido motivo de descontento entre varios gremios afectados.
Detalles del Proyecto de Ley
El proyecto de ley presentado busca cambiar este requisito, reduciéndolo a tan solo dos años de contrato. La Comisión de Trabajo de la Cámara ya aprobó generalmente la medida, a la espera de más debates y votaciones en sesiones futuras.
Opiniones Políticas
El diputado socialista Leonardo Soto, autor de la iniciativa, advierte sobre la posibilidad de despidos libres dentro de la administración pública si no se modifica esta normativa. Por otro lado, Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, destaca la necesidad de una definición clara de «confianza legítima» para asegurar la certeza jurídica de los trabajadores.
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Reacciones de los Gremios
Helmuth Griott, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ve en este proyecto una oportunidad para reducir los litigios. Estas discusiones podrían significar avances significativos en cómo se gestionan los derechos de los trabajadores del sector público en Chile.
Próximos Pasos en el Congreso
La Comisión de Trabajo ha solicitado la presencia de figuras clave como el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la Contralora Dorothy Pérez, para discutir en profundidad el impacto y los ajustes del proyecto de ley.
“Este proyecto es crucial para asegurar que los empleados públicos tengan la estabilidad que merecen”, expresó Leonardo Soto.
Leonardo Soto, Diputado Socialista
- Reducción del tiempo de contrato requerido para «confianza legítima» de cinco a dos años.
- Debate en curso en la Comisión de Trabajo del Congreso.
- Posible impacto en la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos.
Este proyecto representa un cambio potencialmente significativo en la política laboral del sector público, que busca adaptarse a las necesidades y realidades actuales de los trabajadores chilenos.
